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Política

Acusados de Tsunami Democràtic afirman que la Justicia actúa contra el independentismo

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Los empresarios Oriol Soler y OIeguer Serra han presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitan al juez Manuel García Castellón las diligencias que dieron origen al procedimiento abierto para determinar la dirección y financiación de Tsunami Democràtic, en el que ambos están imputados, al sospechar que el magistrado acumuló diligencias relativas al independentismo catalán en una especie de causa general prospectiva, prohibida por la Constitución, que se ha prolongado siete años y ha alcanzado a 49 partidos judiciales catalanes.

El escrito firmado por el abogado Benet Salellas argumenta que la causa de Tsunami Democràtic se inició «por una solicitud de la Sección de Información de la Guardia Civil en Catalunya de fecha 17 de octubre del 2019» para el bloqueo de varias páginas web vinculadas a la plataforma «en relación con la investigación desarrollada en las diligencias previas 99/2018 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional», de la que también partió la causa seguida contra miembros de la presunta célula terrorista Equip de Resposta Tàctica (ERT) de los CDR. La Sala de lo Penal ordenó al magistrado que se la hiciera llegar a sus abogados para garantizar el derecho de defensa.

La petición de diligencias señala que el Juzgado Central número 6 accedió a la petición policial y abrió una pieza separada de las diligencias 99/2018 -abiertas en diciembre de ese mismo año- de este mismo Juzgado que «es registrada posteriormente como las 85/2019», conocidas como caso Tsunami. A partir de ahí denuncia que la pieza «no se remitió ni al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional ni a reparto entre los distintos Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, sino que provocó la incoación de una nueva causa directamente en este mismo juzgado ya no como pieza separada de unas anteriores diligencias sino como causa ‘autónoma’ el 29 de octubre del 2019

Agrega que el oficio da a entender que hubo una comunicación policial previa el día 7 de octubre de 2019, cuando estaba de guardia el Juzgado número 2, en el que ya se hacía referencia a “diversas iniciativas como las llamadas Tsunami Democràtic, Ens plantem y Pícnic per la República”, incluidas en las diligencias 99/2018. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, estas provienen de las 104/2017, en las que ya el Juzgado Central número 6 investigaba las “amenazas” detectadas por la Guardia Civil tras la celebración del 1 de octubre del 2017.

«Por lo tanto, podemos afirmar que al menos indiciariamente existe una continuidad investigadora de siete años (2017-2024) sobre actividades independentistas amenazantes en Catalunya en monopolio por parte de este Juzgado Central de Instrucción número 6, en una suerte de lo que tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo, tanto temporal, como espacial (afecta a los 49 partidos judiciales catalanes) y material (por providencia de 4 de marzo se acordaba incluso investigar la presencia de espías rusos en Catalunya desde el año 2014)», afirma. Por eso solicita acceso a todas las diligencias abiertas para comprobar si sus sospechas son ciertas.

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El Juzgado Central de Instrucción número 6 también fue el que instruyó la causa contra 12 miembros de la presunta célula terrorista de los CDR a la que se incautaron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos; ocho de ellos se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel. Además, recientemente ha ordenado un informe sobre la presencia de espías rusos en Barcelona, circunstancia por la que en su día también abrió diligencias, pero luego remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, en el que se investiga la trama rusa del ‘procés’, en el caso Voloh, y acabó archivando.




Desarrollo de Noticia

Escrito presentado por Oriol Soler y Oleguer Serra en la Audiencia Nacional

Los empresarios Oriol Soler y Oleguer Serra han presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitan al juez Manuel García Castellón las diligencias que dieron origen al procedimiento abierto para determinar la dirección y financiación de Tsunami Democràtic, en el que ambos están imputados, al sospechar que el magistrado acumuló diligencias relativas al independentismo catalán en una especie de causa general prospectiva, prohibida por la Constitución, que se ha prolongado siete años y ha alcanzado a 49 partidos judiciales catalanes.

El escrito firmado por el abogado Benet Salellas argumenta que la causa de Tsunami Democràtic se inició «por una solicitud de la Sección de Información de la Guardia Civil en Catalunya de fecha 17 de octubre del 2019» para el bloqueo de varias páginas web vinculadas a la plataforma «en relación con la investigación desarrollada en las diligencias previas 99/2018 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional», de la que también partió la causa seguida contra miembros de la presunta célula terrorista Equip de Resposta Tàctica (ERT) de los CDR. La Sala de lo Penal ordenó al magistrado que se la hiciera llegar a sus abogados para garantizar el derecho de defensa.

La petición de diligencias señala que el Juzgado Central número 6 accedió a la petición policial y abrió una pieza separada de las diligencias 99/2018 -abiertas en diciembre de ese mismo año- de este mismo Juzgado que «es registrada posteriormente como las 85/2019», conocidas como caso Tsunami. A partir de ahí denuncia que la pieza «no se remitió ni al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional ni a reparto entre los distintos Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, sino que provocó la incoación de una nueva causa directamente en este mismo juzgado ya no como pieza separada de unas anteriores diligencias sino como causa ‘autónoma’ el 29 de octubre del 2019«.

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Agrega que el oficio da a entender que hubo una comunicación policial previa el día 7 de octubre de 2019, cuando estaba de guardia el Juzgado número 2, en el que ya se hacía referencia a “diversas iniciativas como las llamadas Tsunami Democràtic, Ens plantem y Pícnic per la República”, incluidas en las diligencias 99/2018. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, estas provienen de las 104/2017, en las que ya el Juzgado Central número 6 investigaba las “amenazas” detectadas por la Guardia Civil tras la celebración del 1 de octubre del 2017.

«Por lo tanto, podemos afirmar que al menos indiciariamente existe una continuidad investigadora de siete años (2017-2024) sobre actividades independentistas amenazantes en Catalunya en monopolio por parte de este Juzgado Central de Instrucción número 6, en una suerte de lo que tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo, tanto temporal, como espacial (afecta a los 49 partidos judiciales catalanes) y material (por providencia de 4 de marzo se acordaba incluso investigar la presencia de espías rusos en Catalunya desde el año 2014)», afirma. Por eso solicita acceso a todas las diligencias abiertas para comprobar si sus sospechas son ciertas.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 también fue el que instruyó la causa contra 12 miembros de la presunta célula terrorista de los CDR a la que se incautaron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos; ocho de ellos se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel. Además, recientemente ha ordenado un informe sobre la presencia de espías rusos en Barcelona, circunstancia por la que en su día también abrió diligencias, pero luego remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, en el que se investiga la trama rusa del ‘procés’, en el caso Voloh, y acabó archivando.





Resumen de noticia

Resumen de noticia

Los empresarios Oriol Soler y OIeguer Serra han presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando las diligencias que dieron origen al procedimiento abierto para determinar la dirección y financiación de Tsunami Democràtic, en el que están imputados. Sospechan que el juez acumuló diligencias relativas al independentismo catalán en una causa general prospectiva, prohibida por la Constitución.

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El escrito argumenta que la causa de Tsunami Democràtic se inició por una solicitud de la Guardia Civil en Catalunya para el bloqueo de páginas web vinculadas a la plataforma, relacionadas con investigaciones previas del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional.

Se señala que la investigación se prolongó siete años y alcanzó a 49 partidos judiciales catalanes, abriendo nuevas causas de manera inusual dentro del mismo juzgado.

Se solicita acceso a todas las diligencias abiertas para verificar la continuidad investigadora y la extensión de la investigación sobre actividades independentistas amenazantes en Catalunya.

El mismo juzgado instruyó la causa contra una presunta célula terrorista de los CDR y recientemente ordenó un informe sobre la presencia de espías rusos en Barcelona.


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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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