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Política

El desvelador secreto detrás de las elecciones gallegas: el BNG arrasa con el voto urbano

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En Galicia, tras las recientes elecciones autonómicas del 18-F, Alfonso Rueda del PP consiguió 40 escaños, superando la mayoría absoluta, mientras el BNG alcanzó 25 diputados. El análisis del voto urbano revela un trasvase de sufragios entre partidos, con un aumento del apoyo concentrado en PP y BNG. La abstención se mantuvo en niveles similares a las generales, con un alto porcentaje de electorado que se abstuvieron nuevamente en las elecciones autonómicas.

Un informe realizado en las ciudades gallegas más pobladas revela que PP y BNG fueron los partidos con mayor fidelidad de votantes respecto a las elecciones generales. Se observa un cambio de apoyos entre los diferentes partidos, con un escaso trasvase de votos entre BNG y PP en algunas urbes. El candidato de Democracia Ourensana captó votos de Vox, PSOE y Sumar, logrando un escaño en el Parlamento gallego.



Desarrollo de noticia

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Apenas siete meses separan las dos últimas citas con las urnas: las elecciones generales del 23-J y las autonómicas del 18-F. Esos poco más de 200 días han llevado a miles de electores en Galicia a cambiar las siglas de sus papeletas y, en consecuencia, han mudado el tablero político con un tsunami de apoyos concentrados en PP y BNG, los dos partidos que se disputaban el timón de la Xunta. Pese a la ola de cambio que durante la campaña amenazaba con engullir los 15 años de gobierno ininterrumpido de los populares, finalmente Alfonso Rueda se hizo con 40 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta, frente a un bloque de izquierdas liderado por los nacionalistas, que alcanzaron su techo máximo: 25 diputados, en gran parte a costa de la debacle del PSOE (9 actas), y la irrelevancia de Sumar y Podemos, que no lograron representación alguna en O Hórreo, pero también gracias a la movilización del voto joven que en esta convocatoria electoral se estrenó mayoritariamente con la papeleta de los nacionalistas.

El análisis del voto urbano en estas autonómicas revela el trasvase de sufragios que se ha producido en el bloque de izquierdas, con un BNG que captó entre un 30 y casi un 40% de los apoyos que el pasado 23-J habían recibido los socialistas –con la excepción de Lugo, que no llegó a la cuarta parte– y que también se hizo con la mayoría de los votos de Sumar –entre casi un 60% y más de un 90%, según la ciudad–.

La abstención en el conjunto de las urbes gallegas con más población se mantiene en niveles similares a la registrada en las generales: entre un 90% y un 99% de los que se quedaron en casa el 23-J, lo volvieron a hacer en esta cita. Pero de los que sí votaron en las generales, Vox fue el partido que menos electorado movilizó este 18-F: entre casi un 30% y hasta cerca de un 80% de los votantes que eligieron a la ultraderecha en la carrera por la Moncloa, volvieron a abstenerse en la pugna por la Presidencia de la Xunta. En el caso del PSdeG, una media de un 20% de sus votantes el 23-J –desde poco más de un 6% en Ourense a más del 35% en Lugo– no acudieron a la llamada a las urnas para las elecciones gallegas.

Cuatro de cada diez votantes de Vox el 23-J optaron por la abstención el 18-F

Galicia se ha convertido en una plaza imposible para Vox. Es el partido que este 18-F lideró las tablas de abstención entre su electorado urbano en relación con las elecciones generales. De los votantes que el partido de Abascal logró captar para los comicios del 23-J en las ciudades con más población, Ourense fue en estas autonómicas la que menos abstencionistas de Vox sumó (casi un 29%), pero el resto se situaron por encima del 40%, hasta llegar al 77% en Lugo. Esto se traduce en una…

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Ante la debacle en las autonómicas, el PSdeG que durante la campaña había ido de la mano de Ana Pontón, volcando incluso todo el aparato político de Moncloa con los nacionalistas, tras el 18-F quiso marcar distancias pasando del guante blanco de los 15 días de carrera electoral a cargar contra el “voto prestado” y avisar al electorado de izquierdas: “A más BNG, más PP”.

En contra del mensaje lanzado por los nacionalistas de que han ensanchado su base bebiendo del granero de votos del PP, los datos revelan que no ha sido así. Hay urbes en las que el BNG no se ha hecho ni con un voto del electorado conservador, mientras que en donde sí lo ha hecho –Vigo y Ourense– no pescaron ni al 1% de los electores que el 23-J habían dado su apoyo al PP.

Son algunas de las conclusiones que se extraen de un informe elaborado mediante la aplicación de un modelo matemático en las ciudades gallegas con más población y que permite conocer el trasvase de votos entre partidos en dos comicios consecutivos. El exhaustivo análisis en A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense y Lugo, realizado por el sociólogo y analista gallego Sergio Prieto, desvela en base a resultados reales las probabilidades de que una persona vote a un mismo partido o a otros en los siguientes comicios. ¿Cómo es posible conocer matemáticamente como se ha producido este trasvase de votos? Lo único que se necesita, explica Prieto, son los datos brutos por mesa electoral, es decir, los conteos de votos a cada partido en cada una de las mesas. Con la aplicación del algoritmo Expectation-maximization, se obtiene una tabla definitiva que desvela al instante los porcentajes de probabilidad de transferencia de sufragios entre unos comicios y los siguientes.

Vigo

El bastión urbano del PSdeG con Abel Caballero al frente es el que retuvo más votantes socialistas del 23-J. Hasta un 46,49% de los electores que en las generales apoyaron al partido del puño y la rosa, repitieron el 18-F en Vigo. Pero con un porcentaje similar al de A Coruña y Pontevedra, un 30,2% se pasaron a la papeleta del BNG y casi un 2% a Sumar. También hubo socialistas que votaron a la ultraderecha: un 0,41% de los que habían votado al PSOE en las generales se decantaron por Vox. Además el 18,25% del electorado socialista en la ciudad se inclinó en esta cita con las urnas por la abstención. Vox se quedó con apenas el 29% de sus apoyos en las generales, mientras que una quinta parte se fue para el PP (20,43%) y casi la mitad se abstuvo. En el BNG, como en el PP, hubo una alta fidelidad de sus votantes, con un 93,92% de su electorado que volvió a apoyar a los nacionalistas, pero resulta llamativo el ligero trasvase a Vox (0,02%). Mientras el Bloque no pierde votantes en favor del PP, los populares sí ceden electorado a los nacionalistas en Vigo (un 0,82% de aquellos que en las generales habían votado a los conservadores). Finalmente Sumar solo retuvo el 12%…

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A Coruña

Es la ciudad donde los partidos menos movilizaron a los abstencionistas del 23-J. El 99,7% de los electores de A Coruña que el 23-J no votaron, el 18-F también se quedaron en casa, mientras que los que cambiaron de idea y decidieron acudir a las urnas lo hicieron con la papeleta de Vox (0,31%). BNG y PP lograron retener al 96,6% y el 95,3% de los apoyos cosechados hace siete meses….

Pontevedra

El PP se consolida como el partido que retiene más apoyos del 23-J (96,19%), junto con el BNG (93,96%). El PSdeG solo mantuvo fiel al 36,63% de sus electores hace siete meses, mientras que cedió un tercio al Bloque (32,91%), más de un 6% al PP y casi 1,5% a Sumar. Ahora bien, los socialistas captaron de los populares un 2,14% de los votantes que tenían hace siete meses. Vox mantuvo el 21,1% de sus apoyos, con un trasvase del 5,75% al PP y un 6,55% a Sumar. Con esta última, repitieron el 4,35% de sus votantes el 23-J, que sufrió la gran estampida al BNG (91,6%).

Santiago

Es una de las ciudades gallegas en las que el electorado del BNG es más fiel, con el respaldo del 99% de los electores que el 23-J votaron por los nacionalistas en Compostela. El PP mantuvo casi el 93% de sus apoyos, pero un 0,9% se fueron a Vox y un 0,8% cambió de bloque, eligiendo el PSOE como opción en esta cita. Vox ha conservado pocos de los apoyos cosechados en las generales en Santiago (menos de un 16%), su abstención rebasa el 45%, mientras que más de un 34% de sus electores fueron captados por el PP and Text

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Resumen de Noticia

Resumen de la Noticia

Apenas siete meses separan las dos últimas citas con las urnas: las elecciones generales del 23-J y las autonómicas del 18-F. Esto ha llevado a miles de electores en Galicia a cambiar las siglas de sus papeletas, concentrándose los apoyos en PP y BNG. Alfonso Rueda logró 40 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta, frente a un bloque de izquierdas liderado por los nacionalistas.

Implicaciones Futuras

El análisis del voto urbano revela un trasvase de sufragios en el bloque de izquierdas, con BNG captando una parte significativa de los apoyos del PSOE. La abstención se mantuvo en niveles similares a las generales, y Vox fue el partido que menos electorado movilizó en las autonómicas.

En base a un modelo matemático, se realizó un exhaustivo análisis en ciudades gallegas con más población, revelando el trasvase de votos entre partidos en los dos comicios consecutivos.

Cierre

El análisis del 18-F muestra la gran pérdida de votantes del PSOE, Vox y Sumar, mientras que PP y BNG son los partidos con mayor fidelidad. El PSdeG no logra mantener la mayoría de los apoyos que obtuvo hace siete meses, con una importante abstención y trasvase de votos hacia otros partidos.

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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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