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Política

Propuesta secreta de compra: El comité en la ‘sombra’ detrás de la trama de Koldo en Canarias

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Quiénes: Tres comités creados por el anterior Gobierno dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres.

Qué: Establecían la política que debía regir Canarias durante la pandemia.

Cuándo: La gestación de estos comités fue anunciada en marzo de 2020.

Dónde: En Canarias.

Cómo: Operaban sin capacidad ejecutiva, marcando directrices que luego eran encauzadas a través de las distintas consejerías.

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Por qué: Para asesorar en temas sanitarios, económicos y sociales durante la emergencia sanitaria por la Covid.





Desarrollo de Noticia

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Tres comités en la sombra para la emergencia sanitaria establecían la política que debía regir Canarias durante la pandemia. Tres comités «políticos», creados por el anterior Gobierno dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, para el asesoramiento sanitario, económico y social, de los que no se levantó acta de sus reuniones, deliberaciones, recomendaciones y asistentes durante los meses que duró la Covid.

La gestación de estos comités fue anunciada por Ángel Víctor Torres en marzo de 2020, y aunque su constitución se iba a producir formalmente en el Consejo de Gobierno del 2 de abril, la propuesta se frenó porque, si se creaban, las competencias que asumirían llevaba a «una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del Gobierno».

Para aprobar la conformación de estos comités, como instrumentos de asesoramiento y coordinación de las medidas a adoptar por las respectivas consejerías y órganos competentes durante el covid, no era necesario un decreto o un acuerdo administrativo expreso del Consejo de Gobierno, según explicó el anterior viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera -que fue encargado del SCS durante la pandemia- en un informe remitido en 2022 al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, que investigaba el conocido caso mascarillas.

Hacienda y el anterior Ejecutivo dan versiones contradictorias sobre la adjudicación

En el sumario del caso Koldo, que investiga la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones en los contratos de compraventa de material sanitario, sobre todo de mascarillas, a las administraciones públicas consta un informe de la Agencia Tributaria, en la que según el Gobierno de Canarias, uno de los comités propuso la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades de la trama.

Torres lo niega

Un portavoz del Gobierno de Ángel Víctor Torres lo niega. Rechaza que fuera el comité el que planteara la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. «La propuesta llegó a través de un correo electrónico al Servicio Canario de Salud y tras un análisis técnico de la propuesta se aprobó por el propio Servicio Canario de Salud», mantiene.

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La versión de la Agencia Tributaria es bien distinta: «En el Gobierno de Canarias se creó un comité de gestión de emergencia sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus, que entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que pudieran suministrar de forma urgente material sanitario. El proveedor Soluciones de Gestión fue una propuesta de ese comité».

Las versiones de la Agencia Tributaria y del Gobierno de Canarias no solo difieren sino que se contradicen.

En cualquier caso, se sigue sin aclarar con precisión todo el proceso en detalle: quienes participaron en la toma de decisiones y qué criterios fueron los que se impusieron para que la oferta de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad de la trama de Koldo, primara sobre las de otras empresas que habían contactado con el Servicio Canario de la Salud para ofrecer material sanitario contra el covid.

El proceso para precisar quien dio la orden de contratar con la red corrupta sigue sin aclararse

La presunta trama de mordidas y comisiones que salpica al exministro José Luis Ábalos, a quien Pedro Sánchez dio también la secretaría de organización del PSOE, y a su exasesor Koldo García, cifra en 12,3 millones de euros el material adquirido a Canarias.

Tres comités

La existencia de tres comités, sin cobertura legal, pero de gran influencia en la gestión de la pandemia durante el Gobierno de Torres, aparecía ya en un informe de la Audiencia de Cuentas, aunque de manera más velada.

Un borrador del máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, que no se llegó a aprobar por los votos en contra del PSOE y NC, que sustentaban en la pasada legislatura el pacto de las flores, recoge también el vacío legal con el que operaban los comités, sin un acuerdo del Consejo de Gobierno que regularizara su funcionamiento. A esta conclusión se llegó porque uno de los miembros de ese comité en el ámbito sanitario, «vía móvil», había recomendado la compra de mascarillas -cuatro millones se pagaron por un material que no se recepcionó- a la empresa RR7 a la dirección general de Recursos Económicos.

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Sin capacidad ejecutiva

El origen de estos comités en la sombra se remonta a cuando se decretó el estado alarma, el 14 de marzo de 2020. En la sesión del Consejo de Gobierno del 19 de marzo de 2020 se estimó la conveniencia de crear un conjunto de tres órganos que permitieran coordinar o gestionar la crisis por el covid. La creación de los tres comités de gestión fue anunciada por el presidente del Gobierno en rueda de prensa.

No tenían capacidad ejecutiva, sino que marcaban directrices de tal modo que cuando se alcanzaba un consenso las medidas se encauzaban a través de las distintas consejerías. Es decir, operaban con un gran poder e influencia, pero sin que sus decisiones tuvieran un respaldo legal.

Regularización a posteriori

Después de que estos comités entraran en funcionamiento se planteó regularizarlos. Una propuesta que se incluyó en el orden del día del Consejo de Gobierno del 2 de abril de 2020, pero no llegó a aprobarse. La explicación: «Otorgar poderes y competencias a los comités supondría una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del gobierno».

Se decidió entonces dejar el proyecto de decreto sobre la mesa. «Nunca más se trató en las sesiones de gobierno celebradas desde entonces», sostiene Antonio Olivera, si bien «los comités siguieron funcionando en sesiones de trabajo en las que se identificaban directrices y se compartían criterios que eran transmitidos a los órganos competentes para que adoptaran las decisiones oportunas hasta que concluyó la pandemia».

El problema está en el secretismo con el que funcionaban estos comités, ajenos a cualquier fiscalización o auditoria. Sus deliberaciones y decisiones no se recogieran en ningún acta. No se sabe quiénes acudían a cada cita, ni los debates que surgieron entre sus miembros, y si en algún caso se recomendaron no solo directrices sino también empresas para adjudicaciones.

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Resumen de noticia

Tres comités en la sombra para la emergencia sanitaria establecían la política que debía regir Canarias durante la pandemia. Tres comités «políticos», creados por el anterior Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, para el asesoramiento sanitario, económico y social, de los que no se levantó acta de sus reuniones, deliberaciones, recomendaciones y asistentes durante los meses que duró la Covid.

La gestación de estos comités fue anunciada por Ángel Víctor Torres en marzo de 2020, y aunque su constitución se iba a producir formalmente en el Consejo de Gobierno del 2 de abril, la propuesta se frenó porque, si se creaban, las competencias que asumirían llevaba a «una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del Gobierno».

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Hacienda y el anterior Ejecutivo dan versiones contradictorias sobre la adjudicación

En el sumario del caso Koldo, que investiga la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones en los contratos de compraventa de material sanitario, sobre todo de mascarillas, a las administraciones públicas consta un informe de la Agencia Tributaria, en la que según el Gobierno de Canarias, uno de los comités propuso la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades de la trama.

Torres lo niega

Un portavoz del Gobierno de Ángel Víctor Torres lo niega. Rechaza que fuera el comité el que planteara la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. «La propuesta llegó a través de un correo electrónico al Servicio Canario de Salud y tras un análisis técnico de la propuesta se aprobó por el propio Servicio Canario de Salud», mantiene.

La versión de la Agencia Tributaria es bien distinta: «En el Gobierno de Canarias se creó un comité de gestión de emergencia sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus, que entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que pudieran suministrar de forma urgente material sanitario. El proveedor Soluciones de Gestión fue una propuesta de ese comité».

Las versiones de la Agencia Tributaria y del Gobierno de Canarias no solo difieren sino que se contradicen.

«El proceso para precisar quien dio la orden de contratar con la red corrupta sigue sin aclararse»

La presunta trama de mordidas y comisiones que salpica al exministro José Luis Ábalos, a quien Pedro Sánchez dio también la secretaría de organización del PSOE, y a su exasesor Koldo García, cifra en 12,3 millones de euros el material adquirido a Canarias.

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Tres comités

La existencia de tres comités, sin cobertura legal, pero de gran influencia en la gestión de la pandemia durante el Gobierno de Torres, aparecía ya en un informe de la Audiencia de Cuentas, aunque de manera más velada.

Un borrador del máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, que no se llegó a aprobar por los votos en contra del PSOE y NC, que sustentaban en la pasada legislatura el pacto de las flores, recoge también el vacío legal con el que operaban los comités, sin un acuerdo del Consejo de Gobierno que regularizara su funcionamiento.

Sin capacidad ejecutiva

El origen de estos comités en la sombra se remonta a cuando se decretó el estado alarma, el 14 de marzo de 2020. En la sesión del Consejo de Gobierno del 19 de marzo de 2020 se estimó la conveniencia de crear un conjunto de tres órganos que permitieran coordinar o gestionar la crisis por el covid. La creación de los tres comités de gestión fue anunciada por el presidente del Gobierno en rueda de prensa.

No tenían capacidad ejecutiva, sino que marcaban directrices de tal modo que cuando se alcanzaba un consenso las medidas se encauzaban a través de las distintas consejerías. Es decir, operaban con un gran poder e influencia, pero sin que sus decisiones tuvieran un respaldo legal.

Regularización a posteriori

Después de que estos comités entraran en funcionamiento se planteó regularizarlos. Una propuesta que se incluyó en el orden del día del Consejo de Gobierno del 2 de abril de 2020, pero no llegó a aprobarse. La explicación: «Otorgar poderes y competencias a los comités supondría una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del gobierno».

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Se decidió entonces dejar el proyecto de decreto sobre la mesa. «Nunca más se trató en las sesiones de gobierno celebradas desde entonces», sostiene Antonio Olivera, si bien «los comités siguieron funcionando en sesiones de trabajo en las que se identificaban directrices y se compartían criterios que eran transmitidos a los órganos competentes para que adoptaran las decisiones oportunas hasta que concluyó la pandemia».

El problema está en el secretismo con el que funcionaban estos comités, ajenos a cualquier fiscalización o auditoria. Sus deliberaciones y decisiones no se recogieran en ningún acta. No se sabe quiénes acudían a cada cita, ni los debates que surgieron entre sus miembros, y si en algún caso se recomendaron no solo directrices sino también empresas para adjudicaciones.


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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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