Finanzas
RIU pierde batalla legal contra Transición Ecológica
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la inadmisión a trámite de la querella formulada por la hotelera Riu Hotels and Resorts por presunta prevaricación contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La cadena hotelera acusaba a los querellados de «conductas ilícitas» para perjudicarles injustamente durante la tramitación de los expedientes de concesión de obras y otras autorizaciones administrativas de dos hoteles en Fuerteventura: Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas.
La Audiencia considera sin embargo que no procede la investigación interesada por resultar «prospectiva» y basarse en «meras sospechas carentes de seriedad».
La cadena hotelera presentó la querella por un presunto delito de prevaricación contra la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Puyol, y el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Martín.
Esta resolución, que resuelve el recurso de apelación formulado por la Abogacía del Estado contra el auto de admisión a trámite de la citada querella por parte del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid y el posterior recurso de reforma, es firme y determina el fin del procedimiento.
Los expedientes de concesión del Oliva Beach y el Tres Islas son el motivo de la acción judicial
Esta misma semana se conoció la resolución del ministerio declarando la caducidad de la concesión del dominio público para el Oliva Beach. La decisión, contra la que cabe recurso, supone de facto la orden de derribo del establecimiento, que obtuvo el pasado año permiso del Gobierno de Canarias para poner en marcha unas obras de renovación.
Esta disputa ha supuesto un nuevo episodio en el enfrentamiento que mantienen los ejecutivos central y autonómico a cuenta de la transferencia de las competencias en Costas.
Mientras ese debate camina con paso rápido hacia el Tribunal Constitucional en forma de conflicto de competencias, las organizaciones ecologistas celebran la decisión del ministerio de ordenar el derribo de la edificación hotelera. En su opinión, se ha hecho primar el interés general sobre el particular de una empresa.
La Audiencia Provincial de Madrid inadmite querella de Riu Hotels and Resorts
En una reciente decisión, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la inadmisión a trámite de la querella presentada por la cadena hotelera Riu Hotels and Resorts contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La querella alegaba presunta prevaricación por parte de los querellados durante la tramitación de expedientes de concesión de obras y otras autorizaciones administrativas de dos hoteles en Fuerteventura: Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas.
La sala de la Audiencia considera que la investigación solicitada por Riu Hotels and Resorts no procede debido a que se basa en «meras sospechas carentes de seriedad» y se cataloga como «investigación prospectiva», fuera del ordenamiento jurídico.
En la querella, se mencionaba a la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Puyol, y el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Martín. La propiedad de los hoteles sostenía que estos funcionarios habían actuado de mala fe para perjudicarles injustamente.
La cadena hotelera considera que existen «conductas ilícitas» para decidir en su contra
Los magistrados dictaminaron que los actos administrativos que no favorecían los intereses mercantiles de los querellantes no presentaban apariencia delictiva, y por lo tanto, instaron a la cadena hotelera a seguir la vía jurisdiccional contencioso-administrativa para verificar la regularidad del proceder de los querellados.
En otra instancia, la resolución del ministerio declaró la caducidad de la concesión del dominio público para el Riu Oliva Beach, lo que implicaría el derribo del establecimiento. Este hecho generó controversia en el marco del enfrentamiento entre los ejecutivos central y autonómico por la transferencia de competencias en Costas.
La disputa entre Madrid y el Ejecutivo autonómico se centra en la interpretación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que contempla el traspaso de poderes sobre el litoral y la franja costera sin especificaciones. Este debate parece encaminarse hacia el Tribunal Constitucional como conflicto de competencias.
Las organizaciones ecologistas celebraron la decisión del ministerio de ordenar el derribo del hotel, argumentando que se priorizó el interés general sobre el particular de una empresa. Esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre los poderes públicos y los intereses privados en el ámbito de la protección del medio ambiente y el uso del suelo.
En conclusión, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de inadmitir la querella de Riu Hotels and Resorts destaca la importancia de la legalidad y la justicia en los procesos administrativos y judiciales. Este caso específico pone de manifiesto la necesidad de claridad y transparencia en la gestión de los recursos naturales y la planificación urbana en España.
Resumen de la noticia
La Audiencia Provincial de Madrid ordena la inadmisión de la querella contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- La cadena hotelera Riu Hotels and Resorts presentó una querella por presunta prevaricación contra altos cargos del Ministerio por conductas ilícitas durante la tramitación de expedientes de concesión de obras para dos hoteles en Fuerteventura.
- La Audiencia Provincial de Madrid consideró que la investigación era prospectiva y carente de seriedad, por lo que ordenó la inadmisión de la querella.
- La resolución determina que los actos administrativos no presentan apariencia delictiva y emplaza a la cadena hotelera a seguir la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
- La disputa se enmarca en el enfrentamiento entre los ejecutivos central y autonómico por la transferencia de competencias en Costas, y ha generado un conflicto de competencias que podría llegar al Tribunal Constitucional.
Implicaciones futuras
El caso refleja la complejidad de las relaciones entre el sector privado y la administración pública en el ámbito turístico, y la importancia de garantizar la legalidad en los procesos de concesiones y autorizaciones. Además, el conflicto entre los diferentes niveles de gobierno sobre las competencias en Costas podría tener repercusiones en futuras decisiones regulatorias y en el desarrollo de proyectos turísticos en zonas costeras.