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Política

Caso Koldo: Puente defiende al subsecretario de Transportes ante acusaciones

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Resumen de noticia

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Quién:

El subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez.

Qué:

Declaraciones de testigo en el caso Koldo, confianza de Óscar Puente en Gómez.

Cuándo:

Momento actual, dentro de investigaciones judiciales.

Dónde:

Ministerio de Transportes.

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Cómo:

Gómez fue señalado por la UCO por declarar sobre la compra de mascarillas y supuestos documentos entregados.

Por qué:

Puente ratifica confianza en Gómez por su profesionalidad y honestidad, a pesar de señalamientos.

Fuentes del ministerio discuten posibles ceses, pero argumentan que no cesarán sin motivos. Se espera más información para tomar decisiones. Se realiza una auditoría interna para buscar responsabilidades. Gómez declaró que Ábalos le indicó la orden de compra de mascarillas.

Destitución en Puertos del Estado

Cese de Manzano por no ser honesto con la realidad en relación con trama de comisiones ilegales en compra de mascarillas. Contactos de Manzano con Koldo García y Víctor de Aldama en contratos de compra de mascarillas.









Desarrollo de noticia

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Desarrollo de la noticia

El subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha sido uno de los pocos altos funcionarios del ministerio que mantuvo Óscar Puente después de su nombramiento. Tras declarar como testigo en el caso Koldo, Puente expresó su confianza en Gómez, destacando que es una persona que «hace que la maquinaria procedimental vaya con arreglo a la ley». Puente valoró la trayectoria y currículum de Gómez, así como su profesionalidad, compromiso, honestidad y «su prestigio en la casa».

Según fuentes cercanas a Puente, esta confianza se mantiene a pesar de que la Unidad Central Operativa (UCO) lo señaló por declarar que el exministro José Luis Ábalos le indicó cómo confeccionar la orden de compra de mascarillas. Además, la UCO señaló que Gómez entregó documentos a Koldo García, asesor de Ábalos, hace tres meses, lo que generó «contradicciones» en su declaración.

Fuentes del ministerio indican que no tendrán reparos en ordenar más ceses si es necesario, como ya lo han hecho con el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Sin embargo, argumentan que los documentos supuestamente proporcionados a Koldo García estaban publicados en la web del ministerio y que «los documentos administrativos no son secretos», por lo que «no vamos a cesar sin motivos».

En declaraciones recientes, Puente mencionó que esperarán a tener la suficiente información para tomar las decisiones correspondientes en cada momento. Además, señaló que a medida que se tenga más claridad se irán tomando decisiones. El ministro también ha iniciado una auditoría interna para determinar posibles responsabilidades dentro de su ministerio.

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Durante su testimonio ante la UCO en el marco del caso Koldo, el subsecretario actual de Transportes señaló que fue el exministro José Luis Ábalos quien le indicó confeccionar la orden para la adquisición de mascarillas para distribuir entre profesionales del transporte y personal de entidades locales autonómicas.

Destitución en Puertos del Estado

El cese de Manzano en Puertos del Estado no se produjo por contratar con la empresa investigada en la trama, sino porque su narración no concordaba con la realidad y por no ser honesto con los hechos sucedidos. Según un informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude, los dirigentes de Puertos del Estado ocultaron su relación con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

La UCO determinó que el cargo destituido en Puertos del Estado tuvo contactos con Koldo García e intercambió mensajes con el comisionista Víctor de Aldama, lo que resultó en un contrato de 20 millones de euros para la compra de mascarillas.

En resumen, las declaraciones y acciones relacionadas con el caso Koldo están generando controversia en el Ministerio de Transportes. La confianza en el subsecretario Gómez se mantiene a pesar de las acusaciones, y se espera que las investigaciones internas y judiciales arrojen luz sobre la situación. El ministro Puente ha expresado su compromiso de tomar las decisiones adecuadas a medida que se avance en el esclarecimiento de los hechos.









Resumen de la noticia

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Subsecretario de Transportes respaldado por Óscar Puente: Jesús Manuel Gómez es respaldado por Puente por su profesionalidad, compromiso y honestidad, a pesar de estar involucrado en el caso Koldo.

Posible orden de ceses en el ministerio: Podría haber más ceses en el ministerio, aunque por el momento no se ven razones con los documentos proporcionados a Koldo García.

Investigaciones en curso: El ministro ha iniciado una auditoría interna para determinar responsabilidades dentro del ministerio y se espera más información antes de tomar decisiones.

Cese en Puertos del Estado: Álvaro Sánchez Manzanares fue cesado por no ser honesto con los hechos y ocultar su relación con la trama Koldo.

Relación con la trama Koldo: Manzano mantuvo contactos con Koldo García y Víctor de Aldama, lo que resultó en un contrato de 20 millones de euros para la compra de mascarillas.

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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








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Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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