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Política

El Gobierno posterga la negociación de presupuestos hasta garantizar apoyo

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Resumen de la noticia:

El Gobierno ultima el proyecto de Presupuestos para 2024 con la vista puesta en llevarlo al Congreso este mes de marzo. En Moncloa se muestran convencidos de que “habrá acuerdo” con sus socios de investidura, pero todas las precauciones son pocas ante la estrategia de Junts de llevar las negociaciones al límite. Por eso, evitarán cerrar pactos con el resto de socios parlamentarios hasta no tener atado el apoyo de los posconvergentes.

Los socialistas relativizan la advertencia del expresident, tras desbloquearse la amnistía, sobre que «lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los Presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se mostraba optimista este viernes sobre el horizonte presupuestario con el que dar estabilidad al Gobierno y garantizar una legislatura larga.

“Cuanto antes”

El Gobierno había dejado en un cajón los presupuestos a la espera de aprobar la ley de amnistía para poder contar con garantías. Ahora, con los actuales presupuestos prorrogados y una larga tramitación por delante, la intención es presentarlos “cuanto antes” para recuperar el tiempo perdido por el retraso en la aprobación de la medida para dar carpetazo judicial al ‘procés’.

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Los distintos departamentos están haciendo todavía «ajustes» con Hacienda, pero se espera tener listo el proyecto a partir de la siguiente semana.

Superar la zozobra

Para los socialistas es fundamental poner rumbo a los Presupuestos para comenzar a desplegar su programa político en medio del cerco por el caso Koldo y la desafección que señalan todas las encuestas por acuerdos con los independentistas como el de la amnistía.

“Vamos a seguir dialogando para poder aprobar lo más pronto posible unos Presupuestos que nos permitan seguir cimentando el proyecto de país de este Gobierno”, explicaba este viernes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

En materia de vivienda, la apuesta por aumentar la inversión es también clara tras crear un ministerio propio con las competencias que antes se incluían en la cartera de Transportes.









Desarrollo de Noticia sobre Presupuestos 2024

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El Gobierno se encuentra ultimando el proyecto de Presupuestos para el año 2024, con la intención de llevarlo al Congreso durante el mes de marzo. En este sentido, se muestran convencidos de que «habrá acuerdo» con sus socios de investidura, aunque mantienen precaución ante la estrategia de Junts, quien está llevando las negociaciones al límite.

Según fuentes de Moncloa, los negociadores del partido de Carles Puigdemont tienen una actitud de diálogo y negociación, lo que brinda cierta confianza al Gobierno. Aunque aún no han confirmado su voto a favor, tampoco han expresado un rechazo rotundo.

Los socialistas han restado importancia a las advertencias del expresidente, destacando que la vía unilateral no está contemplada en la Constitución y que el diálogo es la mejor opción para la convivencia. Reconocen que las negociaciones no serán sencillas para obtener los votos necesarios.

Los responsables de negociar los Presupuestos reconocen en privado que el desbloqueo de la amnistía está ligado a la aprobación de las cuentas públicas. A pesar de las complejidades, confían en que se lograrán aprobar los Presupuestos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró optimista respecto al futuro presupuestario, asegurando que se aspira a aprobar los presupuestos de los próximos años para garantizar la estabilidad gubernamental.

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“Cuanto antes”

Tras el bloqueo debido a la ley de amnistía, el Gobierno pretende presentar los presupuestos «cuanto antes» para recuperar el tiempo perdido. Aunque aún se realizan ajustes, se espera tener el proyecto listo a partir de la siguiente semana.

Superar la zozobra

Para los socialistas, es crucial avanzar con los Presupuestos para poner en marcha su programa político, especialmente ante la incertidumbre por casos de corrupción y la desafección por acuerdos con independentistas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, destacó la importancia de seguir dialogando para consolidar el proyecto gubernamental.

En materia de vivienda, se prevé una inversión significativa para desarrollar viviendas asequibles, así como el aumento de recursos en el área de dependencia a través de las comunidades autónomas.






Resumen de la noticia



El Gobierno ultima el proyecto de Presupuestos para 2024 con la vista puesta en llevarlo al Congreso este mes de marzo. En Moncloa se muestran convencidos de que “habrá acuerdo” con sus socios de investidura, pero todas las precauciones son pocas ante la estrategia de Junts de llevar las negociaciones al límite. Por eso, evitarán cerrar pactos con el resto de socios parlamentarios hasta no tener atado el apoyo de los posconvergentes. En cambio, sí se dará el primer paso de aprobar las cuentas en el Consejo de Ministros al verse con la garantía de que no serán tumbadas a la primera de cambio con una enmienda a la totalidad. “Tienen actitud de diálogo y negociación”, explican fuentes de Moncloa sobre los negociadores del partido de Carles Puigdemont para concluir que “no nos dicen que vayan a votar que no”.

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Los socialistas relativizan la advertencia del expresident, tras desbloquearse la amnistía, sobre que «lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los Presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación». «Están en su derecho a decir lo que quieran. La vía unilateral no está en la Constitución y el diálogo es la mejor de las convivencias», replican fuentes del Ejecutivo. Con todo, son conscientes de que las negociaciones no serán fáciles para obtener los votos que permitan su aprobación definitiva y de ahí que no vayan a precipitar los acuerdos con otros socios parlamentarios hasta avanzar las negociaciones con los posconvergentes.

Los responsables de negociar los Presupuestos con Junts reconocen en privado que el desbloqueo de la amnistía está vinculado a la aprobación de las cuentas públicas. Con todo, deberán encajar las reivindicaciones de Junts y del resto de socios para sacarlas adelante. «Cada ley es singular y hay negociaciones, pero estamos convencidos de que habrá Presupuestos», concluyen desde el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se mostraba optimista este viernes sobre el horizonte presupuestario con el que dar estabilidad al Gobierno y garantizar una legislatura larga. “El objetivo del Gobierno de España es claro, queremos aprobar los presupuestos generales del Estado en el año 2024 y queremos aprobar también los del año 2025 y aspiramos a aprobar los del año 2026. En definitiva, hay Gobierno para rato porque vamos a hacer muchas cosas durante estos próximos cuatro años en el ámbito de la convivencia, del empleo y de los derechos sociales”, aseguraba durante una comparecencia ante los medios junto al presidente del Chile, Gabriel Boric, donde concluyó la gira institucional que también lo llevó a visitar Brasil.

“Cuanto antes”

El Gobierno había dejado en un cajón los presupuestos a la espera de aprobar la ley de amnistía para poder contar con garantías. Ahora, con los actuales presupuestos prorrogados y una larga tramitación por delante, la intención es presentarlos “cuanto antes” para recuperar el tiempo perdido por el retraso en la aprobación de la medida para dar carpetazo judicial al ‘procés’. Una urgencia que vienen repitiendo durante las últimas horas en el seno del Gobierno y subrayó también el jefe del Ejecutivo en su comparecencia. “Espero que cuanto antes podamos presentar ese proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros y enviarlo a las Cortes Generales”, aseguró sin especificar fecha.

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Los distintos departamentos están haciendo todavía «ajustes» con Hacienda, pero se espera tener listo el proyecto a partir de la siguiente semana. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero avanzan que no tienen margen para llevarlo ya al próximo Consejo de Ministros, pero no se cierran a que pueda hacerse en la semana del 18 de marzo. Bien en una reunión ordinaria o extraordinaria. Eso sí, quieren apuntalar lo máximo posible las negociaciones para contar con un preacuerdo que les garantice agilizar luego los trámites. Por el momento, insisten en que “hay buena actitud negociadora”.

Superar la zozobra

Para los socialistas es fundamental poner rumbo a los Presupuestos para comenzar a desplegar su programa político en medio del cerco por el caso Koldo y la desafección que señalan todas las encuestas por acuerdos con los independentistas como el de la amnistía. Retomar la iniciativa tras semanas de zozobra y a la defensiva por el primer gran caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa en 2018 con una moción de censura justificada en la regeneración política.

“Vamos a seguir dialogando para poder aprobar lo más pronto posible unos Presupuestos que nos permitan seguir cimentando el proyecto de país de este Gobierno”, explicaba este viernes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario por motivo del 8-M. Precisamente, su departamento es uno de los que aumentarán el presupuesto para incrementar las partidas sociales, como en becas o clases de refuerzo.

En materia de vivienda, la apuesta por aumentar la inversión es también clara tras crear un ministerio propio con las competencias que antes se incluían en la cartera de Transportes. Según los cálculos de los socialistas, durante los próximos años está previsto el despliegue de más de 14.300 millones de euros para desarrollar un total de 184.000 viviendas a precio asequible. Asimismo, en materia de dependencia desde el Ejecutivo aseguran que se aumentarán los recursos, fundamentalmente a través de las comunidades autónomas.

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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








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Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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