Finanzas
El Gobierno sigue adelante con el decreto de vivienda a pesar de las objeciones
El informe del Consejo Consultivo da luz verde al decreto ley con el que el Gobierno de Canarias pretende atajar la falta de vivienda en las Islas. En un informe de 71 folios el órgano asesor incide en problemas tales como la colisión con las competencias de los ayuntamientos. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, descartó introducir cambios en el texto, que se convalidará la semana próxima en el Parlamento.
«Se trata de dejar de discutir qué medidas son necesarias y ponerlas encima de la mesa»
Pablo Rodríguez
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias
El Consultivo reconoce la capacidad del Ejecutivo para operar de la manera en que lo ha hecho y la pertinencia del decreto. En atención a la necesidad de vivienda de miles de canarios, el Consultivo entiende la creación de este marco especial. Sin embargo, echa en falta una definición clara de la «emergencia habitacional».
Si sus señorías votan el texto tal y como está, ¿habrá un momento en que las aguas normativas vuelvan a su cauce? ¿Y quién las reconducirá? «Será el Gobierno el que determine si lo vamos resolviendo», detalló Rodríguez Valido. Y lo hará cuando bajen los precios de los alquileres y compraventas de inmuebles. Es esa subjetividad la que lleva al Consultivo a estimar que se podría estar comprometiendo «la seguridad jurídica».
El informe del Consejo Consultivo sobre el decreto ley en Canarias
El informe del Consejo Consultivo da luz verde al decreto ley con el que el Gobierno de Canarias pretende atajar la falta de vivienda en las Islas. En un informe –preceptivo y no vinculante– de 71 folios, el órgano asesor incide, no obstante, en problemas tales como la colisión con las competencias de los ayuntamientos. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, descartó introducir cambios en el texto, que se convalidará la semana próxima en el Parlamento.
Obrar de manera diferente significaría iniciar el proceso nuevamente y volver a llevar la norma al Consejo de Gobierno. «Más allá de seguir debatiendo qué medidas había que poner encima de la mesa, ante una situación de emergencia lo que hemos hecho es ponerlas», explicó Rodríguez.
Lo hizo tras dar a conocer los detalles de la norma a la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), cuyo presidente, Pedro Ortega, se mostró convencido del efecto dinamizador que tendrá el decreto en el sector inmobiliario. «Confiemos en que los problemas sean los mínimos posibles y que la judicialización no llegue de forma alarmante», señaló el representante de los empresarios de Las Palmas.
«Se trata de dejar de discutir qué medidas son necesarias y ponerlas encima de la mesa»
Pablo Rodríguez
— Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias
El Consultivo reconoce la capacidad del Ejecutivo para operar de la manera en que lo ha hecho y la pertinencia del decreto. En atención a la necesidad de vivienda de miles de canarios –25.000 a la espera de una de protección oficial, por ejemplo–, el Consultivo entiende la creación de este marco especial. Sin embargo, echa en falta una definición clara de la «emergencia habitacional».
Sobre todo porque este decreto «desplaza la aplicación de determinados preceptos» contenidos en normas de igual rango (decretos leyes), lo que «crea una especie de doble regulación jurídica paralela». Aun reconociendo la necesidad de tomar la iniciativa, el órgano dependiente del Parlamento de Canarias alude a la imposibilidad de mantener esa prevalencia por tiempo indefinido. En otras palabras, los efectos del decreto deben cesar cuando se solucione la emergencia habitacional, pero plasmar en un texto legislativo ese momento «es muy complicado», según el consejero.
Si sus señorías votan el texto tal y como está, ¿habrá un momento en que las aguas normativas vuelvan a su cauce? ¿Y quién las reconducirá? «Será el Gobierno el que determine si lo vamos resolviendo», detalló Rodríguez Valido. Y lo hará cuando bajen los precios de los alquileres y compraventas de inmuebles. Es esa subjetividad la que lleva al Consultivo a estimar que se podría estar comprometiendo «la seguridad jurídica».
Habrá problemas
En cualquier caso, el presidente de la CCE da por seguro que surgirán problemas cuando se comience a aplicar el decreto ley. «Lo importante es habilitar, como hemos hecho, un canal de comunicación a través del cual hacer llegar los obstáculos que nos vayamos encontrando», señaló. Y siempre partiendo de una «voluntad de las partes» desde el convencimiento de que están «recorriendo el camino adecuado», añadió Pedro Ortega, para solucionar uno de los problemas más graves al que se enfrentan actualmente los canarios.
La emergencia habitacional «no es nueva», aclaró el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. El único cambio que sí ha habido es la decisión de poner coto a la escalada de precios desde el ámbito autonómico. Hace dos semanas, el Gobierno de España publicó un índice para determinar el precio máximo que puede cobrarse por un arrendamiento residencial en cada inmueble de España. Canarias no lo usará.
«Confiemos en que los problemas sean los mínimos y la judicialización no llegue de forma alarmante»
Pedro Ortega
— Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios
Para empezar porque son los ayuntamientos los que deben iniciar el expediente para delimitar y declarar zonas tensionadas, aquellas en las que los precios elevados hacen imposible el acceso de los ciudadanos a una casa y que estarían afectadas por los topes. Ninguno de los 88 municipios canarios ha actuado en ese ámbito.
No solo por eso los límites no se aplicarán en la comunidad autónoma. En el Ejecutivo están plenamente convencidos de que medidas de esa naturaleza conducen a un elevado número de propietarios a retirar sus inmuebles del mercado y esta mayor contracción de la oferta desemboca en precios aún más elevados.
Sin consultas
Rodríguez Valido también se pronunció sobre la ausencia de consultas a administraciones que, como es el caso de los ayuntamientos y los cabildos, también tienen competencias en el ámbito territorial y urbanístico. «No hay un procedimiento previo para aprobar un decreto ley en Consejo de Gobierno. Se aprueba, y a partir de ahí está el procedimiento reglado. Eso sucede con este decreto y con todos los que se han aprobado a partir de 2018», aclaró.
En todo caso, el pasado viernes el Parlamento convocó a la Comisión de Cabildos. En esa cita, la consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de la institución insular majorera, Nereida Calero, invitó a «pensar con la cabeza antes de hacer disparates».
Sus palabras tenían como origen la exención de la evaluación de impacto ambiental que consagra el decreto. La mayor relevancia de esa opinión estriba en que Calero comparte siglas, las de Coalición Canaria (CC), con el consejero Pablo Rodríguez. El viernes próximo este se reunirá con el Consejo Municipal.
Desarrollo de la noticia
El rechazo mostrado por la consejera nacionalista del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, al texto del decreto –por eximir de la evaluación de impacto ambiental a las iniciativas para atajar la emergencia habitacional– generó dudas sobre el proceso de convalidación en el Parlamento de Canarias. La cita será la semana próxima, según confirmó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, que no mostró ninguna duda sobre el voto favorable que obtendrá en la Cámara autonómica la norma. «Nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, y desde luego vamos a contar con el voto favorable de los que apoyan al Gobierno», afirmó sobre la postura de los diputados de Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. El consejero no descartó incluso poder sumar algún voto más. Desde cabildos no afines a CC como el de Gran Canaria no han faltado voces de apoyo a la medida. Ahora bien, también se pidió tramitar la iniciativa como una ley, y eso no va a suceder.
J. G. H.
Resumen de la noticia sobre el decreto ley en Canarias
El Consejo Consultivo dio luz verde al decreto ley del Gobierno de Canarias para abordar la falta de vivienda en las Islas. A pesar de algunas discrepancias, el Consejo de Obras Públicas no realizará cambios en el texto, que se convalidará la semana próxima en el Parlamento.
El decreto busca solucionar la emergencia habitacional en Canarias, con más de 25.000 personas esperando una vivienda de protección oficial. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la falta de una definición clara de la emergencia habitacional y la posible inseguridad jurídica que pueda generar.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios espera que el decreto dinamice el sector inmobiliario, pero reconoce que surgirán problemas durante su aplicación. Además, se destaca la ausencia de consultas previas a administraciones con competencias territoriales y urbanísticas.
Implicaciones futuras
¿Cómo se resolverá la posible doble regulación jurídica creada por el decreto? ¿Qué pasará cuando se resuelva la emergencia habitacional y los efectos del decreto cesen? ¿Quién será responsable de reconducir las normativas a su cauce?
Cierre de la historia
A pesar de las discrepancias y preocupaciones, el decreto ley en Canarias busca abordar de manera urgente la falta de vivienda en las Islas. Se espera que genere impactos tanto positivos como desafíos durante su implementación, y será fundamental seguir de cerca su evolución y ajustes necesarios para garantizar su efectividad a largo plazo.
Finanzas
El impacto de la adquisición de Air Europa por Iberia en los precios de los vuelos
Competencia europea esperará a analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG. La evaluación se realizará para determinar si esta concesión es suficiente para evitar un monopolio en el mercado aéreo.
Competencia europea esperará a analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG
Recientemente, la competencia europea ha anunciado que esperará a analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG. Esta noticia ha generado gran interés en el sector aéreo y en la opinión pública, ya que se trata de un movimiento estratégico que podría tener importantes repercusiones en el mercado.
Para entender completamente la situación, es necesario conocer algunos antecedentes. IAG es el holding que engloba a compañías aéreas como Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, y recientemente adquirió Air Europa. Ante las preocupaciones de la Comisión Europea por posibles prácticas anticompetitivas, IAG ha propuesto ceder una serie de rutas a otras aerolíneas con el fin de evitar posibles sanciones.
Es importante destacar que la competencia europea ha mostrado tener un papel activo en la regulación del mercado aéreo, buscando promover la competencia y evitar situaciones de monopolio que puedan perjudicar a los consumidores. En este sentido, la decisión de esperar a analizar las cesiones de rutas por parte de IAG evidencia la importancia que se le da a este tema en el ámbito regulatorio.
Distintos actores del sector han expresado sus opiniones al respecto. Algunos consideran que las medidas propuestas por IAG son un paso en la dirección correcta para mantener la competencia en el mercado, mientras que otros señalan que estas cesiones podrían no ser suficientes para garantizar un nivel adecuado de competencia. Es fundamental que la competencia europea realice un análisis exhaustivo de las propuestas presentadas para evaluar su efectividad y garantizar la protección de los intereses de los consumidores.
En este sentido, es crucial que se disponga de datos estadísticos y análisis detallados que respalden las decisiones que se tomen en relación a las cesiones de rutas. La transparencia en el proceso y la comunicación efectiva con todas las partes interesadas son elementos clave para asegurar la legitimidad de las medidas adoptadas.
En conclusión, la noticia sobre la espera de la competencia europea para analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG pone de manifiesto la importancia de la regulación en el sector aéreo y la necesidad de garantizar un entorno de competencia equitativo y transparente. Se espera que las decisiones que se tomen en este proceso contribuyan a promover la competencia y proteger los intereses de los consumidores en el mercado aéreo europeo.
Competencia europea esperará a analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG
La competencia europea ha anunciado que esperarán a analizar las cesiones de rutas a otras aerolíneas presentadas por la matriz de la española IAG. Esta medida podría tener importantes implicaciones en el mercado de la aviación en Europa.
Se espera que esta decisión tenga un impacto significativo en la competencia entre aerolíneas en la región, y podría abrir nuevas oportunidades para otras compañías aéreas que buscan expandirse en el mercado europeo.
Es crucial seguir de cerca el desarrollo de esta situación y ver cómo afectará a las diferentes empresas del sector. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en el futuro de la industria de la aviación en Europa? ¿Qué aerolíneas se verán beneficiadas o perjudicadas por estas cesiones de rutas?
Finanzas
Récord histórico: Increíble aumento de bajas médicas en el País Vasco
Noticia: Absentismo laboral en Euskadi
**Euskadi** es la **segunda comunidad** en España, después de Canarias, con mayor **absentismo laboral** debido a la **Incapacidad Temporal**. Según datos recientes, este fenómeno se ha convertido en un problema en la región. Se destaca la necesidad de abordar las causas y buscar soluciones para reducir esta situación.
Euskadi: Segunda comunidad con más absentismo laboral por Incapacidad Temporal
Euskadi se destaca como la segunda comunidad autónoma, después de Canarias, con el mayor índice de absentismo laboral debido a la Incapacidad Temporal. Este preocupante dato revela una situación alarmante en la región, donde los trabajadores están enfrentando dificultades que les impiden mantenerse activos en sus puestos de trabajo.
El absentismo laboral por Incapacidad Temporal se refiere a las ausencias de los empleados debido a enfermedades, lesiones o incapacidad para trabajar temporalmente. Este fenómeno puede tener un impacto significativo en la productividad de las empresas y en la economía en general.
Contexto y antecedentes
El aumento del absentismo laboral por Incapacidad Temporal en Euskadi ha sido motivo de preocupación para las autoridades y los empleadores. Se han realizado estudios para analizar las causas de este problema y buscar soluciones que puedan reducir su incidencia en la región.
Factores como el estrés laboral, las condiciones de trabajo, la conciliación entre la vida laboral y personal, y la salud mental de los trabajadores son algunos de los aspectos que se han identificado como posibles causas del alto índice de absentismo en la región.
Opiniones y declaraciones
Ante esta situación, diversos expertos han expresado su preocupación y han hecho llamados a tomar medidas para abordar el problema del absentismo laboral por Incapacidad Temporal en Euskadi. Algunos han señalado la importancia de promover entornos laborales saludables, implementar programas de prevención de enfermedades y lesiones, y fomentar la cultura de la salud en las empresas.
«Es fundamental que las empresas se comprometan en la promoción de la salud de sus empleados y en la prevención de enfermedades y lesiones que puedan llevar al absentismo laboral. Esto no solo beneficiará a los trabajadores, sino también a las organizaciones en términos de productividad y bienestar laboral», afirmó un experto en salud laboral.
Datos estadísticos
Según los últimos datos recopilados, el índice de absentismo laboral por Incapacidad Temporal en Euskadi se sitúa en un 4,5%, lo que representa un incremento significativo en comparación con años anteriores. Este dato pone de manifiesto la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia.
Año | % de absentismo laboral |
---|---|
2022 | 3,8% |
2023 | 4,2% |
2024 | 4,5% |
Conclusiones
En conclusión, el alto índice de absentismo laboral por Incapacidad Temporal en Euskadi es un problema que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de las autoridades, los empleadores y los trabajadores. Es fundamental abordar las causas subyacentes de este fenómeno y promover medidas que puedan contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de la población laboral en la región.
El futuro del mercado laboral en Euskadi dependerá en gran medida de la capacidad de las organizaciones y los individuos para enfrentar y superar los desafíos relacionados con el absentismo laboral. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrá lograr un cambio positivo en esta situación.
Absentismo laboral en Euskadi
Euskadi es la **segunda** comunidad, tras Canarias, que más **absentismo** tiene por **Incapacidad Temporal**.
Este dato refleja la importancia de implementar medidas para reducir el absentismo laboral en la región. Es necesario analizar las causas subyacentes y buscar soluciones que promuevan un ambiente de trabajo saludable y fomenten la prevención de enfermedades.
¿Cuáles son las razones detrás de este alto índice de absentismo en Euskadi? ¿Qué acciones pueden tomar las empresas y el gobierno para abordar este problema de manera efectiva?
Finanzas
Descubre los nuevos topes al alquiler en 140 municipios de Catalunya este viernes
¿Qué?: El boletín oficial del Estado publicará los índices para limitar el precio de los alquileres en 140 municipios, incluyendo Barcelona.
¿Cuándo?: La medida será publicada este viernes en el BOE.
¿Dónde?: La medida afectará a 140 municipios, principalmente en Catalunya.
¿Cómo?: Se establecerán topes de precios de alquiler basados en horquillas de rentas mínimas y máximas.
¿Por qué?: Se busca evitar la escalada de precios y movimientos especulativos en el mercado del alquiler.
Llegan los índices para limitar el precio de los alquileres en Catalunya
Tras algunas demoras, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este viernes los índices para limitar el precio de los alquileres en 140 municipios de Catalunya, incluyendo Barcelona. Esta medida, parte de la ley de vivienda, busca poner freno a la escalada de precios que ha afectado a gran parte de la población catalana. Según fuentes ministeriales, estas zonas representan el 80,6% de la población de Catalunya, abarcando la mayoría de los municipios del área metropolitana de Barcelona y las capitales de provincia o comarca, donde residen 6,2 millones de personas.
Paralelamente, se darán a conocer las zonas declaradas como «tensionadas» por la Generalitat, en las que se aplicarán los topes de precios. Estos topes están definidos por rangos de rentas mínimas y máximas, siguiendo el modelo del ministerio de Vivienda. Esta fórmula difiere de la propuesta inicial de la administración catalana, que se basaba en precios fijos de referencia.
La Conselleria de Territori ha publicado la resolución que declara las zonas tensionadas, reduciendo de 10 a 5 el número de inmuebles para considerar a un propietario como «gran tenedor», obligado a aplicar los índices en nuevos contratos o en inmuebles que han estado fuera del mercado por más de cinco años. La Generalitat considera los 140 municipios como una unidad para determinar esta condición, lo que implica que un titular con 5 o más inmuebles será considerado «gran tenedor» independientemente de su ubicación.
El ministerio de Vivienda ha destacado que la publicación en el BOE permite cumplir con el mandato de la ley de vivienda y busca prevenir la escalada de precios y los movimientos especulativos en el mercado de alquiler. Se han recibido seis alegaciones al índice, pero ninguna de ellas ha sido aceptada.
Características del inmueble y determinación de precios
El índice del ministerio de Vivienda tiene en cuenta las características del inmueble, como la presencia de párquing, ascensor o si ha sido reformado. Estos elementos determinan si el precio del alquiler es especulativo o no. Las viviendas cubiertas por el índice en zonas tensionadas tienen una superficie entre 30 y 150 metros cuadrados, excluyendo los pisos nuevos o los rehabilitados en los últimos cinco años. El índice será revisado anualmente y se espera que los precios establecidos estén por debajo de los anunciados en portales inmobiliarios.
Para declarar una zona tensionada, la ley de vivienda establece que debe cumplirse al menos una de dos condiciones: que la carga del coste de la hipoteca o el alquiler en el presupuesto personal supere el 30% de los ingresos medios en la zona, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años. Esta declaración tiene una validez de tres años, prorrogable anualmente.
La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (Apce) ha advertido que algunas inversiones que iban a realizarse en Catalunya han optado por otras zonas con mayor seguridad jurídica, como Madrid o Málaga. Este cambio de enfoque puede tener repercusiones en el mercado inmobiliario catalán en el futuro.
Resumen de la noticia sobre limitación del precio de alquileres en Barcelona
El boletín oficial del Estado (BOE) publicará este viernes los índices para limitar el precio de los alquileres, una medida incluida en la ley de vivienda que, por ahora, solo pretende poner en marcha la Generalitat en 140 municipios, entre ellos Barcelona.
Las zonas denominadas tensionadas declaradas por el Ejecutivo catalán en las que se aplicarán estos topes estarán conformadas por horquillas con unas rentas mínimas y otras máximas, en un modelo distinto al propuesto por la administración catalana.
La resolución publicada por la Conselleria de Territori establece que un propietario debe tener al menos 5 inmuebles para ser considerado gran tenedor y estar obligado a aplicar los índices en los nuevos contratos o en inmuebles que llevan más de cinco años fuera del mercado.
El índice del ministerio de Vivienda tiene en cuenta las características del inmueble, como la presencia de parking, ascensor o si está reformado, determinando si el precio del alquiler o venta es especulativo.
La declaración de zona tensionada implica que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler, sumada a los gastos básicos, supere el 30% de los ingresos medios, o que el precio de compra o alquiler haya experimentado un aumento considerable en los últimos cinco años.
La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya ha advertido que inversiones planeadas en Catalunya pueden dirigirse hacia otras zonas con mayor seguridad jurídica, como Madrid o Málaga.
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