Resumen de noticia
El texto final de la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts incluye cambios concretos destinados a cuando menos dificultar que los jueces puedan dejar fuera del perdón la causa que afecta al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, la abierta por la financiación y dirección de Tsunami Democràtic, y la seguida en Barcelona por la trama rusa del ‘procés’ en el conocido como caso Voloh, donde entre los imputados está el jefe de la oficina del ‘expresident’ en Bruselas, Josep Lluís Alay. Además, hay otra causa abierta por terrorismo, en la que el fiscal pide 27 años de cárcel para los presuntos miembros de una célula terrorista de los CDR, que también podría resultar incluida.
Terrorismo
Para no tener problemas con Europa una vez aprobada la ley de amnistía, en el caso de que algún juez decida consultarla con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de aplicarla, el texto deja fuera del perdón «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.
El caso de los 12 presuntos miembros del Equip de Resposta Tàctica (ERT) de los CDR es más complicado porque a ellos se les intervinieron sustancias susceptibles de utilizarse como explosivos. Como no llegaron a utilizarlas, nunca causaron ni de forma intencionada ni sin ella «graves violaciones de derechos humanos», por lo que también podrían estar incluidos en la amnistía.
Alta traición
El texto aprobado excluye de la amnistía «los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional» recogidos en el Código Penal, pero con una salvedad con la que se pretende dejar fuera Voloh, cuando se califiquen los hechos investigados, algo que todavía no ha hecho el juez Joaquín Aguirre, pero que todo apunta a que terminará haciendo por delitos de alta traición, por la injerencia de un país extranjero.
Enriquecimiento patrimonial
El tercer cambio se refiere al delito de malversación de caudales públicos, en el que se ha cambiado la fecha inicial que el perdón abarca. De esa forma se perdonarán los actos cometidos, en vez del 1 de enero de 2012, el plazo se iniciará el 1 de noviembre de 2011, lo que incluye los últimos 20 días de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero antes de ser relevado por el de Mariano Rajoy. Con independencia de ese mes arriba o abajo, el nuevo texto incluye un cambio fundamental, que es precisar que la amnistía no perdonará a quien haya tenido un enriquecimiento patrimonial personal.
El primero de los apartados en los que se excluye el «beneficio personal» dice textualmente: «Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de esta letra, directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad».
Con el segundo se incluyen «los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 por quien careciera de competencias para ello o cuya convocatoria o celebración haya sido declarada ilícita, así como aquellos que hubieran contribuido a su consecución».
Ley de Amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts
El texto final de la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts incluye cambios concretos destinados a dificultar que los jueces puedan dejar fuera del perdón la causa que afecta al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en casos como la financiación y dirección de Tsunami Democràtic y el caso Voloh. Entre los imputados está el jefe de la oficina del ‘expresident’ en Bruselas, Josep Lluís Alay. Además, también se aborda otra causa abierta por terrorismo, donde el fiscal pide 27 años de cárcel para presuntos miembros de una célula terrorista de los CDR.
Las diferencias con la proposición de ley rechazada por Junts se refieren a aspectos como el terrorismo, la alta traición y el enriquecimiento personal. Se ha aprendido de la reforma del delito de malversación para no repetir errores anteriores.
Terrorismo
Para evitar problemas con Europa, el texto de la ley de amnistía deja fuera del perdón los actos que puedan ser calificados como terrorismo y hayan causado graves violaciones de derechos humanos. Esto afecta a casos como el de Tsunami Democràtic y la trama del ‘procés’ conocida como caso Voloh.
Se establece que los actos investigados deben haber causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos para mantener la imputación por terrorismo de personas como Puigdemont y Rovira.
Por ejemplo, se menciona el caso del turista francés que falleció durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, quien sufría una grave cardiopatía.
Alta traición
La ley excluye los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado. Se busca dejar fuera del perdón situaciones como el caso Voloh, donde se apunta a delitos de alta traición por la posible injerencia de un país extranjero.
Se incluyen condiciones para no perdonar actos que atenten contra la integridad territorial o la independencia política de España, siguiendo los lineamientos de la Carta de las Naciones Unidas.
Enriquecimiento patrimonial
Se aborda el delito de malversación de caudales públicos, estableciendo que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos siempre que no haya existido un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.
Se especifica que aquellos actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a tales propósitos, no serán considerados como enriquecimiento patrimonial.
Además, se hacen cambios en la fecha inicial para abarcar los actos cometidos, incluyendo un nuevo punto para precisar que la amnistía no perdonará a quienes hayan tenido un enriquecimiento personal.
En resumen, la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts aborda de manera detallada temas como terrorismo, alta traición y enriquecimiento patrimonial, considerando casos específicos como los relacionados con Tsunami Democràtic, el caso Voloh y la secesión de Cataluña. Se buscan evitar problemas con Europa y garantizar la legalidad de los perdones otorgados, teniendo en cuenta los derechos humanos y la integridad territorial de España.
Resumen de la noticia
El texto final de la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts incluye cambios concretos destinados a cuando menos dificultar que los jueces puedan dejar fuera del perdón la causa que afecta al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, la abierta por la financiación y dirección de Tsunami Democràtic, y la seguida en Barcelona por la trama rusa del ‘procés’ en el conocido como caso Voloh, donde entre los imputados está el jefe de la oficina del ‘expresident’ en Bruselas, Josep Lluís Alay. Además, hay otra causa abierta por terrorismo, en la que el fiscal pide 27 años de cárcel para los presuntos miembros de una célula terrorista de los CDR, que también podría resultar incluida.
Las principales diferencias que presenta la proposición de ley respecto a la que rechazó Junts se refieren al terrorismo, a la alta traición y al enriquecimiento personal, punto que denota que los partidos independentistas y el propio Ejecutivo han aprendido de la reforma del delito de malversación, con la que no se consiguió el objetivo de librar de la pena de inhabilitación al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenado por el ‘procés’.
Terrorismo
Para no tener problemas con Europa una vez aprobada la ley de amnistía, en el caso de que algún juez decida consultarla con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de aplicarla, el texto deja fuera del perdón «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.
De esta forma impone como condición para mantener la imputación por terrorismo de, entre otros, Puigdemont y Rovira que los actos investigados «hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos». A continuación concreta que con ello se refiera a lo recogido en los artículos 2 y 3 del Convenio de Derechos Humanos, que, respectivamente, garantizan el «derecho a la vida» y prohíben «la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes».
Alta traición
El texto aprobado excluye de la amnistía «los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional» recogidos en el Código Penal, pero con una salvedad con la que se pretende dejar fuera Voloh, cuando se califiquen los hechos investigados, algo que todavía no ha hecho el juez Joaquín Aguirre, pero que todo apunta a que terminará haciendo por delitos de alta traición, por la injerencia de un país extranjero.
Enriquecimiento patrimonial
El tercer cambio se refiere al delito de malversación de caudales públicos, en el que se ha cambiado la fecha inicial que el perdón abarca. De esa forma se perdonarán los actos cometidos, en vez del 1 de enero de 2012, el plazo se iniciará el 1 de noviembre de 2011, lo que incluye los últimos 20 días de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero antes de ser relevado por el de Mariano Rajoy.
