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Política

El plan del PP para capitalizar la amnistía en las elecciones europeas

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Resumen de la Noticia

La ley de amnistía se aprobará en un pleno del Congreso el próximo jueves después de un acuerdo entre el PSOE y Junts, lo cual le dará oxígeno a Pedro Sánchez para avanzar hacia los Presupuestos Generales. El nuevo acuerdo ha generado críticas en el PP, quienes ven al PSOE regalando bazas a los independentistas. Junts considera que la amnistía les permitirá culminar el proceso de independencia y amenaza a los jueces que no la apliquen como ellos desean. El proceso legislativo pasará por el Senado, lo que se espera sea complicado y tortuoso.

La ley de amnistía coincidirá con la campaña de las elecciones europeas y será un asunto capital en la contienda. El Gobierno defiende que la amnistía servirá para superar el conflicto político en Cataluña y reconciliar a la sociedad, mientras que el PP critica la hoja de ruta y el pacto del PSOE con los independentistas. La medida generará tensiones y respuestas contundentes durante su aprobación. Además, se espera que en el Senado se realicen informes y comparecencias de expertos antes de su aprobación definitiva.








Noticia sobre la ley de amnistía en el Congreso


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La ley de amnistía se aprobará en un pleno del Congreso el próximo jueves. El PSOE alcanzó por fin un acuerdo con Junts después de que el partido de Carles Puigdemont tumbara la norma a finales de enero en un giro de guion que no estaba previsto. En Génova reconocen que este acuerdo da oxígeno a Pedro Sánchez porque le permite avanzar hacia los Presupuestos Generales después de dos semanas en las que los socialistas han estado atrapados en el tsunami de noticias sobre el caso Koldo. Pero también insisten en que el camino de la amnistía “solo acaba de empezar” y recalcan que lo hace “con bastante más retraso del previsto”.

Para el PP, el nuevo acuerdo -que ha borrado las referencias al Código Penal español buscando hacer guiños al derecho europeo como si ambos no fueran de la mano- es un nuevo síntoma de la “debilidad total” en la que se encuentra Pedro Sánchez. Aunque Puigdemont no ha conseguido borrar todas las referencias al delito de terrorismo, que es lo que quería inicialmente, los populares siguen viendo que el PSOE “regala bazas” a los independentistas, sobre todo en lo que tiene que ver con el relato político.

El hecho de que Junts asegure que la amnistía les permitirá culminar el proceso de independencia o que aseguren que los jueces que no apliquen la amnistía en los términos que ellos consideran estarán “prevaricando”, dicen en Génova, son dos ejemplos claros. “Y con toda la complicidad de un PSOE sometido”, insisten. Por eso, el PP recuerda que cuando pase el primer filtro del Congreso en unos días, la norma pasará a su tramitación en el Senado, que será complicada y tortuosa.

Alberto Núñez Feijóo, que este domingo alumbrará la ‘Declaración de Córdoba’ tras un fin de semana de trabajo con sus barones en el que pretende exhibir un poder territorial casi absoluto, lleva diseñando el guion en la Cámara Alta todos estos meses.

El cambio de reglamento, hecho aposta para la amnistía con la mayoría absoluta del PP, les permitirá tener la norma un máximo de dos meses en el Senado. Y en la dirección nacional confirman que así lo harán. Eso supone que no será hasta mediados del mes de mayo cuando la ley de amnistía vuelva al Congreso para su aprobación definitiva.

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Y ese calendario la hará coincidir necesariamente con la campaña de las elecciones europeas, que también comenzará en la segunda quincena de mayo.

Para el PP, la amnistía, aunque también la corrupción a raíz de la trama que investiga contratos con mordidas desde el Ministerio de Transportes a otras administraciones socialistas en la época de la pandemia, será el asunto capital de unas elecciones que son cruciales. No es una casualidad. Los populares están convencidos de que la amnistía y, sobre todo, el blindaje tan personalizado que el PSOE ha tenido que negociar semana a semana con Puigdemont -huido de la Justicia hace seis años- le pasará una factura importante a Sánchez.

El Gobierno defiende vehementemente que la amnistía servirá para superar el “conflicto político en Cataluña” y, sobre todo, para reconciliar a la sociedad. El ministro Félix Bolaños llegó a decir que será considerada un “referente internacional”. En cambio, en el PP creen que el electorado socialista penaliza esa hoja de ruta, y especialmente todo lo que tiene que ver con dar una tabla de salvamento a Puigdemont.

Aunque los populares reconocen que mantener la movilización constante contra la amnistía es complicado, también admiten que en los momentos álgidos como sin duda será la aprobación definitiva de la norma puede conllevar una respuesta contundente. Y por ese mismo motivo, para mantener tensionadas las bases y a la propia sociedad contra el pacto de Sánchez y los independentistas, Feijóo ha decidido exigir una mayor implicación a sus socios europeos.

Toda vez que el independentismo quiere trasladar el debate de la amnistía también al terreno comunitario – como se ha demostrado en la propia enmienda final del acuerdo, basando toda la aplicación de la ley en directivas europeas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos – el PP cree que la familia conservadora debe tener una posición contundente contra la norma porque, recalcan en Génova, “es contraria a los pilares del Estado de derecho, la separación europea y el propio derecho comunitario”.

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Que dirigentes como Esteban González Pons – sobre el que recaen las relaciones de Feijóo con el resto de interlocutores en Bruselas – o Isabel Díaz Ayuso enviaran recados muy claros, mirando especialmente a Ursula von der Leyen -“no puede haber compadreos” llegó a decir la madrileña- demuestra hasta qué punto para el PP es tan importante contar con el respaldo de su partido a nivel europeo, y del que esperan gestos contra Sánchez.

En el PP nadie duda de que la amnistía será el principal asunto en las elecciones europeas. Y antes de llegar a ese punto, en el Senado habrá informes, comparecencias de expertos y todos los trámites que los conservadores creían indispensables para aprobar la norma en el Congreso y que consideran que el PSOE y los independentistas lograron evitar. “En la otra Cámara no van a poder sortearlo”, inciden.

También a mediados de mes se conocerá el informe definitivo de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, y cuyo borrador ha dado ya tantas vueltas. Dirigentes del PP reprochan cómo el Gobierno “ha conseguido instalar un relato mentiroso” de lo que dice el documento europeo, asegurando que da su aval a la ley de amnistía. Los populares consideran que el Ejecutivo “quedará retratado” en unas semanas cuando se haga público el dictamen final, en el que como ya ocurría en el propio borrador, se cuestiona todo el procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la amnistía (trámites de urgencia, sin reforma constitucional, sin mayorías cualificadas) e incluso el fin perseguido (ya que recalca la profunda división generada en la sociedad).

Sea como sea, rematan en Génova, “ahora empieza todo”. La confianza en las instituciones europeas “y, sobre todo, en la justicia” -como repiten algunos dirigentes de la cúpula- sigue dando una esperanza al principal partido de la oposición que en Moncloa, por su parte, piden que den por perdida.





Resumen Noticia


Ley de amnistía: Se aprobará en un pleno del Congreso el próximo jueves. El PSOE alcanzó un acuerdo con Junts después de un giro inesperado. Esto da oxígeno a Pedro Sánchez y permite avanzar hacia los Presupuestos Generales.

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Para el PP, el nuevo acuerdo es un síntoma de la debilidad de Pedro Sánchez, al considerar que regala bazas a los independentistas. El camino de la amnistía apenas comienza y será una tramitación complicada.

El calendario hará que la ley de amnistía coincida con la campaña de las elecciones europeas. El PP considera que este tema será crucial en las elecciones.

El Gobierno defiende que la amnistía ayudará a superar el conflicto en Cataluña y reconciliar a la sociedad, mientras que el PP cree que el electorado socialista penalizará esta hoja de ruta.

La amnistía seguirá siendo el foco principal en las elecciones europeas. El Senado realizará trámites y comparecencias antes de su aprobación definitiva en el Congreso.

El informe de la Comisión de Venecia cuestiona el procedimiento de aprobación de la amnistía. El PP confía en las instituciones europeas y la justicia para seguir adelante.

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Conclusión: Ahora comienza una etapa crucial en la tramitación de la amnistía, con implicaciones políticas importantes para todas las partes involucradas.


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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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