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Política

El PP endurece su postura sobre la amnistía y desvía la atención con el ‘caso Koldo’

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Resumen de noticia

El carrusel de noticias que ha provocado el sumario del ‘caso Koldo’ había dejado en un segundo plano la amnistía. Tras la luz verde de la comisión de justicia a la ley, la cúpula conservadora ha decidido reajustar la estrategia a corto y medio plazo. El PP dividirá esfuerzos en los dos asuntos que más desgastan al Gobierno.

Los populares se adelantaron a lo que ocurriría en la comisión de Justicia registrando una batería parlamentaria del ‘caso Koldo’. En Génova siguen viendo al Ejecutivo en una situación de “extrema debilidad”. La semana que viene el Congreso volverá a vivir jornadas de altísima tensión con una sesión de control en la que el PP tenía asegurada una ofensiva por el ‘caso Koldo’ que ahora, explican fuentes de la dirección, “dividirán” con la amnistía para que los esfuerzos vayan en ambas direcciones.

En cuanto a la amnistía, reconocen los populares, en Génova tienen detectado que las novedades y los avances en la norma que van confirmando el blindaje de los independentistas, incluido Carles Puigdemont, sí activan a las bases y al partido en su conjunto.

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En Rumanía, distintos dirigentes españoles lanzaban un claro mensaje a sus socios conservadores: más claridad contra la ley de amnistía que ha permitido a Sánchez volver a ser presidente del Gobierno.

Si algo tiene claro el PP, es que la amnistía seguirá jugando un papel fundamental en estos meses, sobre todo de cara a Europa donde ellos libran buena parte de su ofensiva. La posición del resto de países también puede ser crucial. El PP sostiene que el pacto de amnistía entre PSOE, Junts y ERC contiene muchos elementos “contrarios al derecho europeo”.






Desarrollo de noticia sobre el caso Koldo y la amnistía en España

El carrusel de noticias que ha provocado el sumario del ‘caso Koldo’

El carrusel de noticias que ha provocado el sumario del ‘caso Koldo’ -la trama de corrupción en la compra de mascarillas con supuestas mordidas de la mano de Koldo García, persona de la confianza del exministro de Transportes, durante lo peor de la pandemia había dejado en un segundo plano la amnistía. Incluso el PP ha centrado su oposición las últimas dos semanas en lo que insisten en llamar “caso Sánchez” (por la implicación de distintas administraciones socialistas y ministerios con el objetivo de involucrar al presidente del Gobierno). Ayer, tras la luz verde de la comisión de justicia a la ley -que será aprobada finalmente el jueves de la semana que viene- la cúpula conservadora ha decidido reajustar la estrategia a corto y medio plazo.

El PP dividirá esfuerzos en los dos asuntos que más desgastan al Gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez considera que la amnistía amarra de una manera significativa el devenir de la legislatura. Los Presupuestos Generales también están bastante avanzados, lo que sería el paso definitivo. En Génova, sin embargo, siguen viendo al Ejecutivo en una situación de “extrema debilidad”, convencidos de que en cualquier momento el castillo de naipes puede sufrir un derribo.

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Los populares se adelantaron a lo que ocurriría en la comisión de Justicia a primera hora del jueves registrando una batería parlamentaria del ‘caso Koldo’ con cuatro peticiones de comparecencias (entre ellas, la de los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska), la exigencia de acceder a ocho contratos clave de la trama y 62 preguntas que el Gobierno debe responder por escrito. Era la manera de seguir presionando el día en el que la amnistía volvería al primer plano, como ocurrió. La semana que viene el Congreso volverá a vivir jornadas de altísima tensión con una sesión de control en la que el PP tenía asegurada una ofensiva por el ‘caso Koldo’ que ahora, explican fuentes de la dirección, “dividirán” con la amnistía para que los esfuerzos vayan en ambas direcciones.

El PP sigue viendo “muy débil” la posición de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras su comparecencia esta semana, en la que no aclaró las “sospechas principales” sobre la relación de su Govern y la trama de Koldo. La más importante, dicen, el contacto del Ministerio de Transportes que llamó a las islas para asegurarse de que contrataban con la empresa de las mordidas. También ponen el foco sobre la cartera que hoy dirige Puente, por el cese que finalmente tuvo que acometer en Puertos del Estado y ante las novedades que sigue arrojando el caso.

En cuanto a la amnistía, reconocen los populares, aunque es difícil mantener la movilización constante contra la ley, en Génova tienen detectado que las novedades y los avances en la norma que van confirmando el blindaje de los independentistas, incluido Carles Puigdemont, sí activan a las bases y al partido en su conjunto. En la comisión de Justicia, Cuca Gamarra se lo repitió en varios momentos al PSOE: “Sus votantes no entienden esto”. Justo antes el expresidente de Aragón, Javier Lambán, decía no sentirse orgulloso de ser socialista tras escuchar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, decir que la ley de amnistía sería “referente mundial”, incluso “felicitándose” por haber sido el gran muñidor del acuerdo.

Génova sigue analizando los detalles de la ley una a una, aunque consideran que las referencias al derecho europeo son un “engaño” del Gobierno al mundo independentista, que “denosta las leyes y los jueces españoles” y creen tener una confianza mayor al hablar de Europa. “Serán los jueces los que apliquen la amnistía y en Europa saben ya que esto es contrario al Estado de derecho”, insistían en el PP este jueves por la tarde.

Unas horas antes, en Bucarest (Rumanía), donde el PP europeo terminaba de celebrar un cónclave clave de cara a las europeas de junio esta semana, distintos dirigentes españoles lanzaban un claro mensaje a sus socios conservadores: más claridad contra la ley de amnistía que ha permitido a Sánchez volver a ser presidente del Gobierno. Esteban González Pons lo puso negro sobre blanco al vincular el apoyo que Feijóo ha dado a Ursula von der Leyen como candidata a la Comisión Europea a que ésta lleve a cabo una defensa absoluta del Estado de derecho en España.

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La molestia de los populares españoles con la alemana, que no ha escondido su sintonía personal con Sánchez estos años, ha sido evidente. Pero han ido transigiendo porque no había más remedio. Es cierto que la confianza y la relación es infinitamente mejor con el líder del PP europeo, también alemán y rival de Von der Leyen, Manfred Weber. Por si las palabras de González Pons no fueron suficientemente claras, la propia Isabel Díaz Ayuso, que también intervino en un coloquio con otros líderes conservadores, pidió directamente evitar los “compadreos” con el Partido Socialista. En su equipo no escondieron en ningún momento que era un recado a la candidata a la Comisión. “Con la que está cayendo hay cosas que no pueden ser”, explicaban después.

Si algo tiene claro el PP, más allá de todo lo que avance el ‘caso Koldo’, es que la amnistía seguirá jugando un papel fundamental en estos meses, sobre todo de cara a Europa donde ellos libran buena parte de su ofensiva. Y en ese sentido, apuntan, la posición del resto de países también puede ser crucial. Lo que el PP sostiene es que el pacto de amnistía entre PSOE, Junts y ERC contiene muchos elementos “contrarios al derecho europeo”. Y afirman que habrá una respuesta. Pero también necesitan que sea política.






Resumen de la noticia

Resumen de la noticia

Amnistía versus caso Koldo: El PP reajusta su estrategia para dividir esfuerzos en los dos asuntos que más desgastan al Gobierno, la amnistía y el caso Koldo.

Presión política: El PP presiona al Gobierno con peticiones de comparecencias y preguntas sobre el caso Koldo, mientras la amnistía vuelve al primer plano y genera tensión en el Congreso.

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Críticas a la ley de amnistía: El PP considera que la ley de amnistía es contraria al derecho europeo y activa a sus bases con las novedades que blindan a los independentistas.

Repercusiones en Europa: Dirigentes del PP español piden claridad contra la ley de amnistía que permitió a Sánchez volver a ser presidente, generando molestias con la candidata a la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Implicaciones futuras: El PP seguirá utilizando la amnistía como arma política, sobre todo de cara a Europa, y señala que la respuesta a la ley será tanto política como en el ámbito europeo.


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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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