PSOE balear no precisa qué cargo del ministerio de Fomento se dirigió al Govern balear, para recomendar las mascarillas de Koldo. Tras aceptar a pies juntillas las exigencias de la trama hoy investigada por la Audiencia Nacional, se acordó sin contrato que se adquirirían un millón y medio de piezas de la calidad FFP2/KN95. Tras la entrega fraudulenta que no fue advertida por el Servicio de Salud a la recepción, los socialistas insisten en que el material ya caducado y que nunca fue utilizado encaja en la variedad de «mascarillas quirúrgicas». La Agencia Tributaria se opone abiertamente a esta vía de escape, en su informe sobre el funcionamiento de la trama, por falta de «licencia».
El exhaustivo informe de Hacienda sobre la trama de Koldo ha sido confeccionado por Raúl Burillo, que como delegado en Balears fue decisivo en la persecución de la corrupción del PP de Matas. Al analizar los «contratos públicos de adquisición», que incluyen la compra por parte del Govern Armengol a la presunta organización criminal por valor de 3’7 millones de euros, el informe se detiene en la clasificación del material sanitario.
«Es importante indicar que, al hablar de forma común de ‘mascarillas’ nos referimos a Equipos de Protección Individual (EPI’s)». Frente a la diversificación asumida repentinamente y con cuatro años de retraso por el PSOE, el informe llevado a cabo a instancias del juez instructor aclara que «no son mascarillas quirúrgicas o higiénicas, sino que responden a la catalogación KN95/FFP2″.
La Agencia Tributaria incide en que «hubiera sido difícil conseguir esa licencia para empresas que no dispusieran de ella previamente». Y establece la conexión de que este requisito «facilitara la aparición de ‘proveedores’ e intermediarios desconocidos en el sector», siempre en el apartado de las FFP2/KN95.
Tampoco Manuel Palomino, responsable último de la recepción del material y posteriormente director general del Ib-Salut, se refugió en la degradación a «quirúrgicas» para salvar parcialmente la entrega defectuosa en su advertencia a la empresa. De hecho, Burillo no conocía el incumplimiento del contrato, al establecer sus conclusiones sobre lo ocurrido en Baleares. La instrucción penal se ha llevado a cabo hasta ahora sin tomar en consideración el fraude en el envío al Servicio de Salud, que omitió la en el ya célebre expediente SSCC EM 226/20.
Noticia Koldo
La polémica trama de Koldo: irregularidades en la adquisición de mascarillas
El PSOE balear no precisa qué cargo del ministerio de Fomento se dirigió al Govern balear, para recomendar las mascarillas de Koldo. Tras aceptar a pies juntillas las exigencias de la trama hoy investigada por la Audiencia Nacional, se acordó sin contrato que se adquirirían un millón y medio de piezas de la calidad FFP2/KN95.
Tras la entrega fraudulenta que no fue advertida por el Servicio de Salud a la recepción, los socialistas insisten en que el material ya caducado y que nunca fue utilizado encaja en la variedad de «mascarillas quirúrgicas».
El exhaustivo informe de Hacienda sobre la trama de Koldo ha sido confeccionado por Raúl Burillo, que como delegado en Balears fue decisivo en la persecución de la corrupción del PP de Matas. Al analizar los «contratos públicos de adquisición», que incluyen la compra por parte del Govern Armengol a la presunta organización criminal por valor de 3’7 millones de euros, el informe se detiene en la clasificación del material sanitario.
«Es importante indicar que, al hablar de forma común de ‘mascarillas’ nos referimos a Equipos de Protección Individual (EPI’s)». Frente a la diversificación asumida repentinamente y con cuatro años de retraso por el PSOE, el informe llevado a cabo a instancias del juez instructor aclara que «no son mascarillas quirúrgicas o higiénicas, sino que responden a la catalogación KN95/FFP2″.
El fisco cancela la pretensión del PSOE de que las dos categorías son intercambiables porque, «para la compra, importación o distribución de mascarillas quirúrgicas, entiende esta inspección, es necesaria la obtención de licencia sanitaria concedida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios». No existe la mínima sospecha de que la trama de Koldo, estructurada alrededor de Soluciones de Gestión, dispusiera de tal permiso, al carecer de experiencia alguna en el suministro de material sanitario.
La Agencia Tributaria incide en que «hubiera sido difícil conseguir esa licencia para empresas que no dispusieran de ella previamente». Y establece la conexión de que este requisito «facilitara la aparición de ‘proveedores’ e intermediarios desconocidos en el sector», siempre en el apartado de las FFP2/KN95.
Tampoco Manuel Palomino, responsable último de la recepción del material y posteriormente director general del Ib-Salut, se refugió en la degradación a «quirúrgicas» para salvar parcialmente la entrega defectuosa en su advertencia a la empresa. De hecho, Burillo no conocía el incumplimiento del contrato, al establecer sus conclusiones sobre lo ocurrido en Baleares. La instrucción penal se ha llevado a cabo hasta ahora sin tomar en consideración el fraude en el envío al Servicio de Salud, que omitió la en el ya célebre expediente SSCC EM 226/20.
En resumen, la trama de Koldo ha desatado una serie de problemas legales y éticos en la adquisición de mascarillas por parte del Govern balear, dejando al descubierto irregularidades en la compra y distribución de material sanitario esencial en medio de la pandemia de COVID-19.
Resumen de la noticia
Resumen de la noticia:
El PSOE balear no precisa qué cargo del ministerio de Fomento se dirigió al Govern balear, para recomendar las mascarillas de Koldo. Tras aceptar a pies juntillas las exigencias de la trama hoy investigada por la Audiencia Nacional, se acordó sin contrato que se adquirirían un millón y medio de piezas de la calidad FFP2/KN95. Tras la entrega fraudulenta que no fue advertida por el Servicio de Salud a la recepción, los socialistas insisten en que el material ya caducado y que nunca fue utilizado encaja en la variedad de «mascarillas quirúrgicas». La Agencia Tributaria se opone abiertamente a esta vía de escape, en su informe sobre el funcionamiento de la trama, por falta de «licencia».
El exhaustivo informe de Hacienda sobre la trama de Koldo ha sido confeccionado por Raúl Burillo, que como delegado en Balears fue decisivo en la persecución de la corrupción del PP de Matas. Al analizar los «contratos públicos de adquisición», que incluyen la compra por parte del Govern Armengol a la presunta organización criminal por valor de 3’7 millones de euros, el informe se detiene en la clasificación del material sanitario.
«Es importante indicar que, al hablar de forma común de ‘mascarillas’ nos referimos a Equipos de Protección Individual (EPI’s). Frente a la diversificación asumida repentinamente y con cuatro años de retraso por el PSOE, el informe llevado a cabo a instancias del juez instructor aclara que «no son mascarillas quirúrgicas o higiénicas, sino que responden a la catalogación KN95/FFP2″.
La Agencia Tributaria cancela la pretensión del PSOE de que las dos categorías son intercambiables porque, «para la compra, importación o distribución de mascarillas quirúrgicas, entiende esta inspección, es necesaria la obtención de licencia sanitaria concedida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios». No existe la mínima sospecha de que la trama de Koldo, estructurada alrededor de Soluciones de Gestión, dispusiera de tal permiso, al carecer de experiencia alguna en el suministro de material sanitario. De hecho, esta falta de competencias disuadió de la compra a comunidades como Castilla-La Mancha o Aragón.
La Agencia Tributaria incide en que «hubiera sido difícil conseguir esa licencia para empresas que no dispusieran de ella previamente». Y establece la conexión de que este requisito «facilitara la aparición de ‘proveedores’ e intermediarios desconocidos en el sector», siempre en el apartado de las FFP2/KN95.
Tampoco Manuel Palomino, responsable último de la recepción del material y posteriormente director general del Ib-Salut, se refugió en la degradación a «quirúrgicas» para salvar parcialmente la entrega defectuosa en su advertencia a la empresa. De hecho, Burillo no conocía el incumplimiento del contrato, al establecer sus conclusiones sobre lo ocurrido en Baleares. La instrucción penal se ha llevado a cabo hasta ahora sin tomar en consideración el fraude en el envío al Servicio de Salud, que omitió la en el ya célebre expediente SSCC EM 226/20.
