La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes su informe sobre la ley de amnistía, en el que avala claramente la iniciativa. El organismo, que depende del Consejo de Europa y está formado por expertos independientes en derecho constitucional, valida la norma, que en estos momentos siguen negociando el PSOE y Junts, al considerar que no afecta a la separación de poderes, como asegura el PP, y cumple con los requisitos internacionales de este tipo de iniciativas.
El informe supone el final de un proceso que se inició en diciembre, cuando la Comisión de Venecia aceptó la petición del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de analizar la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo tenía altas expectativas depositadas en un fallo crítico con la ley, pero el informe se dirige en sentido contrario.
El documento establece una serie de criterios sobre los que basar la legalidad de una amnistía: del respeto al derecho internacional a la seguridad jurídica a la hora de definir claramente los actos amnistiados y las excepciones, pasando por una tramitación que permita debate y participación. Y concluye que la norma, que todavía no ha sido aprobada, cumple con ellos.
“Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva”, ha celebrado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Pero la Comisión de Venecia también establece una serie de recomendaciones. Por ejemplo, que la exclusión de los delitos de terrorismo no dependa de la existencia de sentencia firme, algo que ya ha quedado claro durante la tramitación parlamentaria, aunque Junts continúa presionando para que estos delitos entren dentro de la medida de gracia. Los socialistas tienen ahora un nuevo argumento para continuar rechazando este enfoque. El informe también alerta contra la posibilidad de que los jueces comparezcan ante las comisiones de investigación, como defiende el independentismo catalán, pero el Gobierno asegura que algo así no ocurrirá.
El informe, por último, subraya que la ley se ha tramitado con el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos y alcance del debate, y también toma nota de la “división” que la medida de gracia ha provocado en la sociedad.
“El proyecto de ley de amnistía ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España. La Comisión anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”, concluye el informe.
Informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía
Informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía
Este viernes, la Comisión de Venecia ha publicado su informe sobre la ley de amnistía, respaldando la iniciativa en medio de un intenso debate político en España. Este organismo, compuesto por expertos independientes en derecho constitucional y dependiente del Consejo de Europa, ha evaluado la norma y ha concluido que cumple con los requisitos internacionales para este tipo de medidas, desestimando las críticas del Partido Popular.
El proceso inició en diciembre, cuando el Senado solicitó a la Comisión de Venecia analizar la ley. El Partido Popular tenía expectativas de un fallo en contra de la normativa, pero el informe ha resultado favorable, generando un giro en la discusión política.
El informe establece criterios para evaluar la legalidad de una amnistía, desde el respeto al derecho internacional hasta la definición clara de los actos amnistiados. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado que la amnistía es una herramienta para la reconciliación y cumple con estándares internacionales, describiéndola como «impecable y positiva».
Recomendaciones y debates
Además de respaldar la ley, la Comisión de Venecia ha emitido recomendaciones. Por ejemplo, ha señalado la exclusión de delitos de terrorismo y la participación de jueces en comisiones de investigación, temas que han generado controversia en el debate parlamentario. Los socialistas han rechazado la inclusión de estos delitos, mientras que el independentismo catalán defiende la participación de los jueces en investigaciones, generando tensiones en el proceso legislativo.
El informe destaca que la ley ha sido tramitada con urgencia, lo que ha acortado los plazos de debate, y señala la división que ha causado en la sociedad. Se hace un llamado a las autoridades españolas para entablar un diálogo significativo y buscar la reconciliación social y política, explorando posibles procedimientos de justicia restaurativa.
En medio de este contexto, la ley de amnistía ha generado una profunda división en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad española. Las autoridades son instadas a tomar el tiempo necesario para buscar la reconciliación y considerar medidas que fomenten la justicia restaurativa.
Resumen de la noticia sobre la ley de amnistía
Resumen de la noticia sobre la ley de amnistía
La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes su informe sobre la ley de amnistía, en el que avala claramente la iniciativa. El organismo, que depende del Consejo de Europa y está formado por expertos independientes en derecho constitucional, valida la norma, que en estos momentos siguen negociando el PSOE y Junts, al considerar que no afecta a la separación de poderes, como asegura el PP, y cumple con los requisitos internacionales de este tipo de iniciativas.
El informe supone el final de un proceso que se inició en diciembre, cuando la Comisión de Venecia aceptó la petición del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de analizar la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo tenía altas expectativas depositadas en un fallo crítico con la ley, pero el informe se dirige en sentido contrario.
El documento establece una serie de criterios sobre los que basar la legalidad de una amnistía: del respeto al derecho internacional a la seguridad jurídica a la hora de definir claramente los actos amnistiados y las excepciones, pasando por una tramitación que permita debate y participación. Y concluye que la norma, que todavía no ha sido aprobada, cumple con ellos.
“Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva”, ha celebrado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Las recomendaciones
Pero la Comisión de Venecia también establece una serie de recomendaciones. Por ejemplo, que la exclusión de los delitos de terrorismo no dependa de la existencia de sentencia firme, algo que ya ha quedado claro durante la tramitación parlamentaria, aunque Junts continúa presionando para que estos delitos entren dentro de la medida de gracia. Los socialistas tienen ahora un nuevo argumento para continuar rechazando este enfoque. El informe también alerta contra la posibilidad de que los jueces comparezcan ante las comisiones de investigación, como defiende el independentismo catalán, pero el Gobierno asegura que algo así no ocurrirá.
El informe, por último, subraya que la ley se ha tramitado con el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos y alcance del debate, y también toma nota de la “división” que la medida de gracia ha provocado en la sociedad.
“El proyecto de ley de amnistía ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España. La Comisión anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”, concluye el informe.
