Connect with us
 

Política

Nueva propuesta de reforma de la amnistía tras la imputación de Puigdemont

Published

on

El tiempo para cerrar un acuerdo que permita dar luz verde a la ley de amnistía empieza a agotarse. El próximo jueves es la fecha límite para pactar el nuevo dictamen en la comisión de Justicia del Congreso y, de momento, no hay pistas sobre el estado de las negociaciones entre Junts y el PSOE. Por su parte, Junts rechazó a finales de enero el redactado actual de la propuesta de ley, argumentando que no se podía excluir el terrorismo de la norma. El Consell de la República ha defendido modificar el texto para «blindar» el delito de terrorismo, tal y como exige Junts desde la reactivación de la causa del Tsunami Democràtic.

El vicepresidente del Consell, Toni Comín, ha señalado que la apertura de la causa penal contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por terrorismo da «más argumentos» para pedir que la amnistía incluya este tipo de delitos, calificando la acción como una «injerencia grotesca» del Tribunal Supremo. A pesar de ello, Comín ha asegurado que esta novedad judicial no torpedea las negociaciones con los socialistas.






Ley de Amnistía en España: presión y negociaciones en curso

Ley de Amnistía: Presión y Negociaciones en el Congreso Español

El tiempo para cerrar un acuerdo que permita dar luz verde a la ley de amnistía empieza a agotarse. El próximo jueves es la fecha límite para pactar el nuevo dictamen en la comisión de Justicia del Congreso y, de momento, no hay pistas sobre el estado de las negociaciones entre Junts y el PSOE. Los dos partidos -como mínimo en público- se mantienen en silencio absoluto. No así el Consell de la República, que este viernes ha redoblado la presión y ha defendido modificar el texto para «blindar» el delito de terrorismo, tal y como exige Junts desde la reactivación de la causa del Tsunami Democràtic.

Quién se ha pronunciado en este sentido ha sido el vicepresidente de la organización, el exconseller Toni Comín. Y lo ha hecho en una atención a los medios desde el municipio de Rivesaltes, cerca de Perpiñán, donde el Consell ha celebrado una reunión. Todo ello, tras el nuevo movimiento del Tribunal Supremo, que este jueves abrió causa penal contra el expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg por el delito de terrorismo. Una acción que, para Comín, da «más argumentos» para pedir que la amnistía incluya este tipo de delitos.

Advertisement
 

Según el vicepresidente de este organismo que pretende encabezar la defensa del referéndum del 1-O desde el extranjero, se trata de un «injerencia grotesca» del alto tribunal para influir en la norma que debe exonerar a los procesados y condenados por el ‘procés’. Un análisis que ya hicieron este jueves varios actores del independentismo, especialmente ERC y Junts. Sin embargo, los posconvergentes evitaron entrar a valorar públicamente si este hecho acercaba o alejaba un pacto para desencallar la ley, ni cómo debía quedar la letra pequeña.

En cambio, Comín sí considera abiertamente que da «una razón más» para insistir en la revisión del texto. «Es la confirmación de la necesidad de blindar la ley de amnistía ante los intentos del Supremo y de la Audiencia Nacional de manipular el delito de terrorismo», ha afirmado Comín, a pesar de asegurar también que esta novedad judicial no torpedea las negociaciones con los socialistas.

Junts rechazó a finales de enero el redactado actual de la propuesta de ley, y ya lo hizo con el argumento de que no se podía excluir el terrorismo de la norma. El PSOE no aceptó sus enmiendas, que también reclamaban que la aplicación fuera inmediata, porque consideraba que podían ser tumbadas por el Tribunal Constitucional o por las instancias judiciales europeas.

¿Posible reunión con el PSOE?

A una semana para que expire el plazo, Comín no ha querido confirmar ni desmentir que Puigdemont -que también se ha desplazado a Perpiñán- pueda aprovechar la proximidad con España para reunirse con el PSOE, con el argumento de que quieren «máxima discreción» y ha despachado la cuestión asegurando que «cuando se hacen encuentros presenciales, estos son en Suiza y no en la Catalunya Nord».

Sin embargo, ha querido dejar claro que la misión del Consell no es la amnistía, sino la autodeterminación, y ha asegurado que su misión es recordar al Estado que el independentismo no ha renunciado «a hacer efectivo el 1-O». A pesar de ello, sí ha reconocido que si se confirma la amnistía y hay «retorno de los exiliados», la organización que lidera se deberá adaptar a este «nuevo hábitat».

Advertisement
 

«No está pagado ni con un Rolex»

Por su parte, Puigdemont solo ha comparecido ante los medios para explicar la composición del nuevo gobierno del Consell de la República, tras haber sido reelegido como presidente de la organización en una consulta interna, aunque sí ha ironizado sobre algunas de las novedades de los últimos días.

El expresident ha agradecido a los integrantes de la organización su trabajo y compromiso y ha bromeado con que este «no está pagado ni con un Rolex», haciendo referencia a la información publicada este jueves por El Confidencial, que aseguraba que recibió un Rolex de 7.000 € como regalo por parte de la empresa que organizaba los actos de Tsunami Democràtic.

El grueso de su intervención y su posicionamiento sobre la actualidad política se espera para este sábado al mediodía, durante la constitución de la asamblea territorial de la organización. Este jueves se limitó a calificar su imputación de «Mátrix judicial» y el auto de los magistrados de «guion de Grouxo Marx». «No dejes que la realidad estropee una buena imputación», aseveró en las redes sociales.





Resumen de noticia

Resumen de noticia

El tiempo para cerrar un acuerdo que permita dar luz verde a la ley de amnistía empieza a agotarse. El próximo jueves es la fecha límite para pactar el nuevo dictamen en la comisión de Justicia del Congreso y, de momento, no hay pistas sobre el estado de las negociaciones entre Junts y el PSOE.

Advertisement
 

Quién se ha pronunciado en este sentido ha sido el vicepresidente de la organización, el exconseller Toni Comín. Y lo ha hecho en una atención a los medios desde el municipio de Rivesaltes, cerca de Perpiñán, donde el Consell han celebrado una reunión.

Según el vicepresidente de este organismo que pretende encabezar la defensa del referéndum del 1-O desde el extranjero, se trata de un «injerencia grotesca» del alto tribunal para influir en la norma que debe exonerar a los procesados y condenados por el ‘procés’.

Junts rechazó a finales de enero el redactado actual de la propuesta de ley, y ya lo hizo con el argumento de que no se podía excluir el terrorismo de la norma. El PSOE no aceptó sus enmiendas, que también reclamaban que la aplicación fuera inmediata, porque consideraba que podían ser tumbadas por el Tribunal Constitucional o por las instancias judiciales europeas.

¿Posible reunión con el PSOE?

A una semana para que expire el plazo, Comín no ha querido confirmar ni desmentir que Puigdemont -que también se ha desplazado a Perpiñán- pueda aprovechar la proximidad con España para reunirse con el PSOE, con el argumento de que quieren «máxima discreción».

Por su parte, Puigdemont solo ha comparecido ante los medios para explicar la composición del nuevo gobierno del Consell de la República, tras haber sido reelegido como presidente de la organización en una consulta interna. Ha agradecido a los integrantes de la organización su trabajo y compromiso.

Advertisement
 

El grueso de su intervención y su posicionamiento sobre la actualidad política se espera para este sábado al mediodía, durante la constitución de la asamblea territorial de la organización.

«No está pagado ni con un Rolex»

El expresident ha agradecido a los integrantes de la organización su trabajo y compromiso y ha bromeado con que este «no está pagado ni con un Rolex».

En cuanto a las implicaciones futuras de la noticia, se plantea la incertidumbre sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Junts y el PSOE, así como la presión del Consell de la República para modificar el texto de la ley de amnistía y «blindar» el delito de terrorismo.


Advertisement
 
Continue Reading
Advertisement
 
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

Published

on

By

Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

Advertisement
 

Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

Advertisement
 

Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

Advertisement
 

El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


Continue Reading

Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

Published

on

By

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Advertisement
 

Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

Advertisement
 

Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

Advertisement
 


La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

Advertisement
 

La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


Continue Reading

Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

Published

on

By

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

Advertisement
 

La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

Advertisement
 


El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

Advertisement
 
Continue Reading

Reciente