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Política

Yolanda Díaz busca superar la crisis con medidas contundentes: ¿logrará dar un giro?

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Sumar quiere pasar página, y quiere hacerlo lo antes posible. El estallido de la trama Koldo ha dejado en una posición especialmente incómoda a Yolanda Díaz, partidaria de mantener absoluta «lealtad» a Pedro Sánchez y al PSOE.

El silencio que guardó en los primeros días ha dado paso a una oleada de propuestas y debates de distinto cariz y pelaje, que van desde la modificación del delito de terrorismo, inclusión del aborto en la Constitución, reavivar su viaje a Palestina o denunciar el machismo del fútbol.

Una serie de discusiones que Díaz se esfuerza en lanzar al debate social para opacar un asunto que ocupa todo: la trama que el asesor estrella de José Luis Ábalos desplegó presuntamente en distintas instancias de la Administración Pública.

POSTURA AMBIVALENTE

En la coalición liderada por Díaz han abogado hasta ahora por una postura ambivalente, condenando genéricamente la corrupción pero sin aterrizar en situaciones concretas. Díaz llama a mantener el «respeto» a los dirigentes socialistas y a esperar a que concluyan las investigaciones en marcha.

Desde que estalló el caso el pasado miércoles 21 de enero con la detención de Koldo García Izaguirre, Yolanda Díaz se ha pronunciado en distintas ocasiones, repitiendo el mismo patrón. La primera fue al día siguiente, cuando a su llegada al Pleno del Congreso defendió que se trataba de algo «gravísimo«.

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TEMOR AL «DESGASTE»

El sumario iba saliendo a la luz y las informaciones apuntaban en distintas direcciones del Gobierno, sin que hubiera reacción alguna por parte de Díaz. Al poner un pie en España, acordaron dar una «respuesta» al caso, con una «salida por arriba» para sacar algo positivo de la situación sin ensuciarse. Se tradujo en una batería de medidas anticorrupción anunciadas por Díaz, incluyendo la prohibición del indulto por corrupción.

Desde entonces, Sumar ha mantenido un ritmo de anuncios frenético, marcando un perfil propio y logrando cierto protagonismo en un momento donde la discusión pivota en torno a un caso de corrupción. Han desempolvado multitud de iniciativas para cambiar el paso a la actualidad.

ANUNCIOS FRENÉTICOS

El lunes plantearon oficialmente la creación de un consejo de prevención de la corrupción, prohibición de indultos y amnistías para casos relacionados con estos asuntos, y propuestas como limitar dividendos a la banca o reformar el delito de terrorismo, tratando de resituar el debate público.

Este jueves continuó la vicepresidenta, reafirmando su batalla contra el machismo en el fútbol y anunciando sanciones, además de reclamar incluir el aborto en la Constitución. Un bombardeo de medidas para resituar el debate público e intentar dejar atrás un escenario desfavorable.


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Desarrollo Noticia

Sumar quiere pasar página, y quiere hacerlo lo antes posible. El estallido de la trama Koldo, cuyos tentáculos llegan ya a distintos dirigentes del ala socialista del Gobierno, ha dejado en una posición especialmente incómoda a Yolanda Díaz, partidaria de mantener absoluta «lealtad» a Pedro Sánchez y al PSOE.

El silencio que guardó en los primeros días ha dado paso a una oleada de propuestas, anuncios y medidas. Un intento por desviar la agenda pública del asunto de la corrupción que esta semana se ha traducido en un bombardeo de propuestas y debates de distinto cariz y pelaje, que van desde la modificación del delito de terrorismo a la inclusión del aborto en la Constitución, pasando por prohibir los indultos por corrupción, reavivar su viaje a Palestina o denunciar el machismo del fútbol.

Una serie de discusiones que Díaz se esfuerza en lanzar al debate social para opacar un asunto que en las dos últimas semanas lo ocupa todo: la trama que el asesor estrella de José Luis Ábalos desplegó presuntamente en distintas instancias de la Administración Pública. En Sumar son plenamente conscientes de la «desafección» que genera en su electorado la posible implicación del Gobierno en casos de corrupción, una materia especialmente sensible para la izquierda y que justificó la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez en 2018.

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POSTURA AMBIVALENTE

En la coalición liderada por Díaz han abogado hasta ahora por una postura ambivalente, que consiste, por una parte, en declararse «implacables» contra la corrupción y mostrar su rechazo a lo que consideran «un caso muy grave«. Una condena genérica que no aterrizan en situaciones concretas, y que contrasta con la «prudencia» a la que apela la vicepresidenta cuando es preguntada por las posibles implicaciones que pueda tener en actuales cargos del PSOE, su socio de Gobierno, como el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En estos casos, Díaz llama a mantener el «respeto» a los dirigentes socialistas y a esperar a que concluyan las investigaciones en marcha.

Desde que estalló el caso el pasado miércoles 21 de enero con la detención de Koldo García Izaguirre, Yolanda Díaz se ha pronunciado en distintas ocasiones, y en todas sus intervenciones ha repetido el mismo patrón. La primera fue al día siguiente, cuando a su llegada al Pleno del Congreso defendió ante los periodistas que se trataba de algo «gravísimo«.

El lunes siguiente, ya desde EEUU en un viaje oficial y después de que el PSOE hubiera pedido el acta a Ábalos, la vicepresidenta alabó la «contundencia» del PSOE y trató de equipar el caso Koldo con el del hermano de Isabel Díaz Ayuso, archivado por la Fiscalía Anticorrupción. La líder de Sumar centraba sus críticas únicamente en exministro de Transportes, tratando de esquivar las posibles responsabilidades que podría acarrear a sus compañeros de coalición.

TEMOR AL «DESGASTE»

El sumario iba saliendo a la luz y las informaciones apuntaban en distintas direcciones del Gobierno, sin que hubiera reacción alguna por parte de Díaz. Esta incomparecencia provocó gran inquietud en la dirección de Sumar, donde algunas voces admitían su temor al «desgaste» que podía acarrearles el asunto, al gobernar en coalición con una formación salpicada por la sombra de la sospecha.

Nada más poner un pie en España, la vicepresidenta segunda se reunió con su equipo más próximo, entre ellos su actual portavoz parlamentario y mano derecha, Iñigo Errejón, y acordaron dar una «respuesta» al caso. La duda era dónde situar el «cortafuegos«, hasta dónde exigir responsabilidades a su socio de Gobierno. Salían a la luz informaciones que apuntaban a los ministros de Interior y Política Territorial, además de la propia Armengol o Salvador Illa, por no hablar de las reuniones de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con el intermediario de la trama. Si Sumar planteaba más contundencia con el PSOE, la duda era hasta dónde podía llegar.

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Pero Díaz esquivó la posibilidad siquiera de establecer un cortafuegos, y acordaron una solución que vinieron a llamar una «salida por arriba«; consistente en «sacar algo positivo» de la situación, explican fuentes conocedoras. Esta posición se tradujo en la batería de medidas anticorrupción que anunció la propia Díaz al día siguiente de llegar de EEUU, en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta. Entre ellas se incluía la prohibición del indulto por corrupción. Una forma también de tratar de marcar el debate público con propuestas que estaban lejos de lo resbaladizo del caso Koldo.

Yolanda Díaz, en una imagen durante su gira por EEUU, esta semana.

Yolanda Díaz, en una imagen durante su gira por EEUU, esta semana. / EFE

ANUNCIOS FRENÉTICOS

Desde entonces, Sumar ha mantenido un ritmo de anuncios frenético, dirigido a marcar un perfil propio y lograr cierto protagonismo en un momento donde la discusión pivota en torno a un caso de corrupción con el que no quieren ensuciarse. En este impasse, donde hay un gran asunto que copa la atención social, los de Yolanda Díaz han desempolvado multitud de iniciativas para tratar de cambiar el paso a la actualidad.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, este martes en el Pleno del Senado.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, este martes en el Pleno del Senado. / EFE

Este jueves continuó la vicepresidenta, que a primera hora reafirmó su batalla contra el machismo en el fútbol, anunciando sanciones contra la Federación y distintos clubes por incumplir las medidas de igualdad, y el mismo día Sumar, en boca de su portavoz Aina Vidal, reclamó también incluir el aborto en la Constitución, siguiendo la estela abierta en Francia. Un bombardeo de medidas que busca resituar el debate público e intentar dejar atrás un escenario que, saben, no le es en absoluto favorable.

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Resumen de Noticia

Resumen de la Noticia

  • Sumar quiere pasar página lo antes posible.
  • Yolanda Díaz se encuentra en una posición incómoda debido a la trama Koldo que involucra a dirigentes socialistas.
  • Se han propuesto medidas para desviar la atención de la corrupción, como la inclusión del aborto en la Constitución.
  • La coalición liderada por Díaz ha mantenido una postura ambivalente sobre el tema.
  • Se ha generado un ritmo frenético de anuncios para marcar un perfil propio y mantener protagonismo.

Implicaciones Futuras

La estrategia de Sumar de desviar la atención con propuestas y medidas puede afectar su imagen pública y la percepción de su electorado sobre su compromiso contra la corrupción. Además, la postura ambivalente de Yolanda Díaz podría generar desconfianza en su liderazgo y en la coalición que conforma.

Cierre

El bombardeo de propuestas y anuncios por parte de Sumar refleja su intento por cambiar el enfoque mediático y dejar atrás la controversia de la trama Koldo. Sin embargo, la incertidumbre sobre las implicaciones futuras y la reacción del público ante estas acciones sigue latente.


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Política

Gran inversión en el Eje Pirenaico: acuerdo entre Gobierno y Generalitat

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Departament de Territori del Govern y Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, conocido como Eje Pirenaico, con una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años. El objetivo es mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de esta carretera, siendo una demanda histórica para la mejora de este eje viario. Las obras se realizarán mediante encomienda de gestión, con una comisión de seguimiento para coordinar la ejecución.

El convenio establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, reservando la aprobación al Ministerio. La ejecución de las obras deberá cumplir los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente. Además, se han iniciado otros convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de hasta 930 millones de euros.






Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

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Acuerdo para la inversión en la N-260: Detalles y contexto

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han informado este jueves de que han alcanzado un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico, que implicará una inversión de 260 millones de euros en los próximos nueve años en esta vía mediante la fórmula de encomienda de gestión. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de la carretera, siendo considerada como una herramienta esencial para las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica de mejora en este eje viario.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación del firme de la carretera, junto con otras actuaciones de mantenimiento, mejora de la seguridad mediante la instalación de nuevos elementos de conexión y la ejecución de nuevas infraestructuras o acondicionamientos.

El convenio plasmará lo acordado en un protocolo previo en julio, añadiendo una comisión de seguimiento para coordinar y controlar la ejecución de las obras. Estas serán realizadas por encomienda de gestión, lo que implica que el Gobierno central proporcionará el financiamiento y la Generalitat llevará a cabo los trabajos. Este acuerdo se enmarca en partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para el aval de los últimos Presupuestos.

El borrador del convenio establece que la Generalitat será responsable de licitar y contratar los estudios y proyectos, con la aprobación final reservada al Ministerio. En caso de que los proyectos estén en ejecución por parte del Ministerio en la fecha de firma del convenio, este completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.

La ejecución de las obras deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras, serán transferidas por la Generalitat de Catalunya al Estado.

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Con este acuerdo se inicia la tramitación de cuatro convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, los cuales fueron recogidos en un protocolo firmado en julio de 2023: el convenio del Maresme con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores con 36 millones de euros; el convenio de la AP-7 y la AP-2 con una inversión de 250 millones de euros y el convenio del Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260. La inversión total para estos convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio directamente o a través de Adif.

El objetivo general de estos convenios es desarrollar infraestructura vial y ferroviaria, mejorar la conectividad en las carreteras existentes y promover la movilidad activa y sostenible mediante actuaciones de pacificación, carriles bici y eficiencia energética, entre otras.








Resumen de la noticia

Acuerdo para mejorar la N-260, conocida como Eje Pirenaico

El Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para invertir 260 millones de euros en los próximos nueve años en la N-260, también conocida como Eje Pirenaico. Este acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de la carretera, además de ser una herramienta esencial para las políticas de arraigo en la zona.

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El convenio establece que la Generalitat llevará a cabo las obras por encomienda de gestión, con el Gobierno central financiando los trabajos. Este convenio se enmarca dentro de unas partidas acordadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para obtener el aval de los Presupuestos.

Además, se han iniciado la tramitación de otros tres convenios para mejorar la conectividad y promover la movilidad sostenible, con una inversión total estimada de 930 millones de euros. El objetivo es desarrollar infraestructuras viales y ferroviarias, así como mejorar la conectividad en las carreteras existentes para promover la movilidad activa y sostenible.


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Política

El PSOE propone ley para erradicar la prostitución en el Congreso

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. Según Redondo, la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, aunque existen posiciones más complejas al respecto. La ley modifica el Código Penal para ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«. Se dejará claro que no se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayoría son víctimas de trata, y se buscarán alternativas para ellas, incluyendo su derecho de residencia en España.






Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

Abolición de la prostitución en España – Proposición de Ley del PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

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Redondo, que ha participado en la Comisión para el Estatus de la Mujer, el gran foro feminista anual en la ONU, ha señalado que la abolición responde a una mayoría de la sociedad española, si bien también reconoció que hay otras «posiciones más complejas».

La ministra ha subrayado que la ley parte de «un partido abolicionista» como es el PSOE y que espera que logre el consenso del movimiento feminista, que ha mostrado divisiones al respecto.

De hecho, esta semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo que confía en lograr los apoyos suficientes para abolir la prostitución con esa proposición, pese a no contar aún con el respaldo de sus socios parlamentarios y a no haberlo logrado tampoco en la anterior legislatura.

Redondo ha explicado que la ley modifica el Código Penal en tres aspectos: amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo así como «cualquier acción que impulse o promueva la prostitución«.

Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas, que en su mayor parte son víctimas de trata, lo que obligará al Gobierno a retocar la Ley de Extranjería para dar alternativas a las que abandonen la prostitución, reconociendo, por ejemplo, su derecho de residencia en España.

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Su posterior incorporación al mercado laboral va a requerir un profundo trabajo con todas las organizaciones que de un modo u otro combaten la trata sexual «para ver juntos la mejor manera de ayudarlas», ha añadido.

Por otra parte, Redondo ha destacado que una parte importante de su labor en la ONU ha consistido en trabajar junto a los países latinoamericanos en lo que llamó una estrategia internacional sobre la política de cuidados, que mayormente descansa en las mujeres.

La ministra, además, se dijo sorprendida por la imagen que ha visto en la ONU de España como un país «de referencia» para el feminismo, por haber incorporado la agenda feminista y de igualdad, en cuestiones que en otros países son tabú o son polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación o las de paridad. EFE








Resumen de noticia

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE registrará la próxima semana en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución.

Redondo ha indicado que la abolición se basa en la mayoría de la sociedad española, aunque reconoció la existencia de posiciones más complejas al respecto.

La ley propuesta por el PSOE busca ampliar el tipo penal del proxenetismo y castigar el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulse o promueva la prostitución.

Se aclara que la ley no castigará a las mujeres prostituidas, en su mayoría víctimas de trata, y se trabajará en alternativas para ellas, incluido el derecho de residencia en España y su incorporación al mercado laboral con ayuda de organizaciones que combatan la trata sexual.

Además, Redondo ha destacado la labor realizada en la ONU junto a países latinoamericanos en una estrategia internacional sobre la política de cuidados, mayormente a cargo de mujeres.

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La ministra se mostró sorprendida por la imagen de España como un país «de referencia» para el feminismo en la ONU, gracias a la incorporación de la agenda feminista en cuestiones que en otros países son tabú o polémicas como el aborto, los derechos LGTBI+, la violencia de género, las políticas de conciliación y las de paridad.


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Política

El desafío de la amnistía: un camino lleno de obstáculos

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.






Ley de Amnistía Aprobada en el Congreso de los Diputados

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La bancada socialista aplaude la intervención de su portavoz, Patxi López, durante el debate de la ley de amnistía / ZIPI / EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía que supone la despenalización de la práctica totalidad de actos que se hicieron en Catalunya desde el año 2011 en nombre de la proclamación de la independencia. La ley ha contado con la mayoría necesaria y, presumiblemente, se verá obligada a pasar el filtro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, de la justicia europea. Hay opiniones expertas encontradas respecto a si los pasará satisfactoriamente para los propósitos de sus impulsores. Y su aplicación dependerá, como en el caso del resto de las leyes, de los jueces y tribunales que ya han expresado también sus opiniones, en este caso, mayoritariamente contrarias. De manera que los potenciales beneficiarios (unos 300 según el Gobierno o 800 según los independentistas) tardarán en palpar los resultados.

Esta ley de amnistía, como ha expresado en parte la Comisión de Venecia, tiene algunos defectos de forma desde el punto de vista legislativo: se aprueba sin consenso a cambio de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, se ha tramitado de urgencia sin tiempo a una deliberación más profunda y no ha implicado ningún compromiso sobre sus conductas en el futuro de parte de los que aspiran a ser amnistiados. Si la iniciativa cumpliera con estos requisitos, podría tener potencialmente un efecto positivo de superación definitiva del llamado ‘procés’ y de retorno a la esfera política de lo que nunca hubiera tenido que salir de ella y los primeros que no deberían haberlo llevado fuera son sus mismos impulsores y el Gobierno de España de aquel momento.

El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para evitar las barbaridades que han anunciado partidarios y detractores de la nueva ley. Eso tiene que quedar claro para todos. Habrá recursos, contrarrecursos, peticiones de medidas cautelares y solicitudes prejudiciales que no deben menospreciarse ni como mera arma de desgaste político ni como trabas procedentes de rincones oscuros del Estado. Son pura y llanamente las garantías del Estado de Derecho que hay que defender cuando nos van a favor o cuando van en contra de nuestros intereses. Los que tanto proclaman la falta de garantías en España no deberían jamás pedir que no se apliquen en su caso.

Lo peor de esta ley es la bomba racimo que ha extendido entre las instituciones de la democracia española. El enfrentamiento abierto entre los distintos poderes del Estado lamina la confianza ciudadana y genera desafección entre la ciudadanía. No es un asunto menor, porque la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se puede perder en unos instantes. Eso deberían tenerlo en cuenta quienes han votado esta ley y quienes se han opuesto. Los primeros no podrán criticar a los segundos si, dentro de unos meses, impulsan una maniobra de signo contrario a la nueva norma con el mismo procedimiento y por las mismas razones espurias. Y los segundos no podrán responder a los primeros desde la defensa de una institucionalidad que han pervertido. El camino abierto con esta ley es largo, porque cuenta con muchas dudas que hay que aclarar; es complejo, porque tensa las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial; y es incierto porque puede acabar provocando consecuencias contrarias a las que buscan los impulsores.

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