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Amnistía para 372 implicados del procés: ¿Justicia o impunidad?

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que, según cálculos del Gobierno, la ley de amnistía beneficiará directamente a 372 personas que tienen causas penales pendientes relacionadas con el procés.

En una entrevista en Els Matins de TV3, Bolaños ha evitado pronunciarse sobre cuándo podría regresar a España el expresidente catalán Carles Puigdemont, alegando que no puede pronunciarse sobre casos concretos, aunque ha reiterado que hay una «voluntad inequívoca» de que todas las personas involucradas queden cubiertas.

El ministro ha enfatizado que, más allá de las personas que puedan ser amnistiadas, «el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la española».

En una entrevista en la Cadena Ser, ha restado importancia a las declaraciones de Puigdemont, realizadas tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, en las que apostaba por negociar ahora «pieza a pieza» con el Gobierno desde los presupuestos hasta la autodeterminación.

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El ministro ha defendido que la amnistía es un «paso coherente» después de los indultos, que también fue una decisión «valiente y decisiva» para garantizar la convivencia en Cataluña, ha dicho, a la vez que se ha mostrado convencido de que con el tiempo las dudas sobre su conveniencia se irán disipando.

Preguntado por la vuelta de Puigdemont a España, ha señalado que lo podrá hacer cuando se apruebe definitivamente la ley de amnistía, que calcula podría ser en la segunda quincena de mayo.

Sobre la amenaza del PP de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que la situación de la justicia es «muy preocupante» y que «ya no admite más excusas». «El bloqueo del CPGJ está suponiendo un deterioro en el funcionamiento normal de la justicia y nos está costando mucho dinero a todos los españoles», ha advertido.








Desarrollo de noticia sobre la ley de amnistía en España
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que, según cálculos del Gobierno,
la ley de amnistía beneficiará directamente a 372 personas que tienen causas penales pendientes relacionadas con el procés.

En una entrevista en Els Matins de TV3, Bolaños ha evitado pronunciarse sobre cuándo podría regresar a España el expresidente catalán Carles Puigdemont, alegando que no puede pronunciarse sobre casos concretos, aunque ha reiterado que hay una «voluntad inequívoca» de que
todas las personas involucradas queden cubiertas.

El ministro ha enfatizado que, más allá de las personas que puedan ser amnistiadas, «el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la española».

«Una ley general»

Bolaños, además, ha negado que la amnistía esté hecha a la medida del expresidente catalán Carles Puigdmont al afirmar que es «una ley general» que pretende amnistiar los delitos que se cometieron durante el procés.

En una entrevista en la Cadena Ser, ha restado importancia a las declaraciones de Puigdemont, realizadas tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, en las que apostaba por negociar ahora «pieza a pieza» con el Gobierno desde los presupuestos hasta la autodeterminación. Sobre este asunto, ha recordado que los partidos independentistas continúan siendo independentistas y que «nadie puede aspirar a otra cosa», pero ha incidido en las bondades de las medidas que están tomando al asegurar que cuando llegaron al Gobierno el porcentaje de catalanes que quería un estado independiente se acercaba al 50% y ahora está por debajo del 10%.

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El ministro ha defendido que la amnistía es un «paso coherente» después de los indultos, que también fue una decisión «valiente y decisiva» para garantizar la convivencia en Cataluña, ha dicho, a la vez que se ha mostrado convencido de que con el tiempo las dudas sobre su conveniencia se irán disipando.

Los plazos

Preguntado por la vuelta de Puigdemont a España, ha señalado que lo podrá hacer cuando se apruebe definitivamente la ley de amnistía, que calcula podría ser en la segunda quincena de mayo. A partir de ahí, «como cualquier otro beneficiario por la ley, podrá solicitar a los jueces que se le aplique la ley de amnistía para eximirle de sus responsabilidades penales», ha apuntado.

Y sobre si tiene garantías de que los partidos independentistas apoyarán los presupuestos, ha explicado que no hay ningún acuerdo cerrado pero que sí existe una «voluntad» por parte de Junts y ERC de respaldar las cuentas y de que haya legislatura.

Sobre la amenaza del PP de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que la situación de la justicia es «muy preocupante» y que «ya no admite más excusas». «El bloqueo del CPGJ está suponiendo un deterioro en el funcionamiento normal de la justicia y nos está costando mucho dinero a todos los españoles», ha advertido.

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Resumen de noticia

372 personas se verán beneficiadas por la ley de amnistía relacionadas con el procés, según cálculos del Gobierno.

La ley tiene como objetivo que todas las personas involucradas queden cubiertas, siendo un beneficio para la sociedad catalana y española.

«Una ley general»

El ministro ha indicado que la amnistía no está hecha a medida de Carles Puigdemont, sino que es «una ley general» para amnistiar delitos relacionados con el procés.

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El ministro considera la amnistía un paso coherente después de los indultos, y se muestra convencido de que con el tiempo las dudas sobre su conveniencia se irán disipando.

Los plazos

Se espera que la ley de amnistía sea aprobada definitivamente en la segunda quincena de mayo, permitiendo a los beneficiarios solicitar la aplicación de la ley para eximirse de responsabilidades penales.

Para garantizar la legislatura, existe una «voluntad» por parte de Junts y ERC de respaldar los presupuestos.

Ante la amenaza del PP de romper negociaciones para renovar el CGPJ, el ministro señala que la situación de la justicia ya no admite más excusas, con un bloqueo que afecta el funcionamiento normal y el costo para los españoles.


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