Leire, Antxon y Fernández buscaban «el máximo beneficio con el cobro de comisiones» por «influir» en expedientes públicos
El juez de la Audiencia Nacional Piña afirma en su resolución, que el ‘grupo Hirurok’ cobró 400.000 euros solo en una de las cinco operaciones que se investigan.
Acciona, implicada en el ‘caso Cerdán’, figura también en la trama de la ‘fontanera’ del PSOE por una operación con Enusa.
Las claves
El juez de la Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández por supuesta trama de comisiones ilegales para influir en expedientes públicos.
La red, conocida como ‘Hirurok’, habría canalizado fondos mediante la sociedad Mediaciones Martínez y actuado en varias administraciones públicas entre 2021 y 2023.
Se analizan cinco operaciones por un total de 132 millones de euros, incluyendo amaños en contratos públicos vinculados a empresas como Acciona, Tubos Reunidos, Mercasa y Erri Berri.
Los investigados presuntamente aprovecharon su posición y relaciones para intermediar en adjudicaciones y contratos a cambio de comisiones, con implicación de figuras destacadas del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña afirma que la llamada trama Leire tenía el «propósito» de obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a cambio de «orientar» e «influir» en expedientes públicos.
Así lo detalla el magistrado en una resolución, fechada este sábado y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Piña investiga a Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, al constructor Antxon Alonso y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por, supuestamente, llevarse mordidas por «intermediar» en favor de las empresas que las pagaban.
Tras ser detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles, los tres han pasado este sábado a disposición judicial y, posteriormente, han quedado en libertad con medidas cautelares.
Antonio Piña afirma que los investigados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias, se habrían «aprovechado de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».
«A través de contratación y facturación mendaz«, añade, «habrían canalizado los fondos principalmente» por medio de una sociedad limitada, Mediaciones Martínez.
Cinco operaciones por 132 millones
El instructor investiga cinco operaciones, que suman un total de 132 millones de euros, en las que se habrían producido amaños o irregularidades.
El juez sitúa uno de los supuestos amaños «en un contexto en el que Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública [Enusa]». Se trata de una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.
Leire Díez trabajó en Enusa como responsable de Comunicación entre 2018 y 2021. Este último fue el mismo año en que Fernández, tras haber abandonado la SEPI, pasó a formar parte de Servinabar 2000, la constructora de Antxon Alonso en la que, según la UCO, tenía participación accionarial Santos Cerdán.
Por otro lado, el juez Piña relata que esta trama habría intermediado a favor del rescate concedido a la empresa Tubos Reunidos, por valor de 112,8 millones de euros (la operación de mayor importe). Por ello, habría recibido 114.950 euros «a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez».
Acciona y Cerdán
Leire Díez está siendo investigada por un Juzgado de Madrid por intentar conseguir documentación sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, a fin de, presuntamente, malbaratar sus pesquisas.
Se reunió con, al menos, un fiscal y con empresarios (investigados judicialmente) a quienes prometía beneficios de distinta índole.
La trama también habría beneficiado a la mercantil Erri Berri en la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Según la resolución del juez, dicha compañía habría abonado, a cambio, como comisión, 400.000 euros.
Finalmente, el instructor alude a la concesión de una ayuda, por parte de la empresa pública Sepides a la sociedad Arapellet SL, ascendiendo a 17,32 millones de euros.