El adelanto electoral en Catalunya ha trastocado la iniciativa legislativa del Gobierno, comenzando por la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Un “ejercicio de realismo político”, según justifican fuentes de Moncloa por la falta de garantías para sacarlos adelante con ERC y Junts. El modo electoral y la espiral competitiva entre estas formaciones aleja su apoyo. Es por ello que desde el Ejecutivo condicionarán ahora su calendario legislativo a medidas que sorteen la pugna entre los partidos independentistas. La intención tanto del grupo parlamentario socialista como del Gobierno pasa intentar que no desaparezca del todo su capacidad legislativa hasta que se resuelve el escenario de la gobernabilidad en Catalunya tras las elecciones del 12 de mayo.

Hasta la fecha de las elecciones quedan tres plenos en el Congreso. En el primero, los socialistas no tienen cupo para presentar iniciativas, pero están acabando de redactar su ley abolicionista de la prostitución para llevar al Congreso cuanto antes, según fuentes parlamentarias. Desde el Gobierno defienden por su parte que no tendrán problemas en sacar adelante leyes durante esta fase valle de la legislatura que no generen “problemas de competición” entre ERC y Junts. Se quedan así al margen iniciativas pactadas con estas formaciones, como la ley de sociedades de capital para favorecer el retorno a Catalunya de las empresas que salieron por el ‘procés’ o la norma para ceder las competencias de inmigración a la Generalitat, que prevían presentar conjuntamente PSOE y Junts.

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Desde el Gobierno sortean estas exigencias y limitan las modificaciones presupuestarias a “acuerdos ineludibles” con sus socios. Con todo, vinculan el grueso de los acuerdos en inversiones a nuevos Presupuestos. Posiciones que extienden las dificultades para mantener las mayorías de investidura más allá de ERC y Junts. La legislatura se adentra así en un compás de espera, con una iniciativa legislativa limitada, hasta que se resuelva la gobernabilidad en Catalunya.

El adelanto electoral en Catalunya ha trastocado la iniciativa legislativa del Gobierno, comenzando por la renuncia a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Un “ejercicio de realismo político”, según justifican fuentes de Moncloa por la falta de garantías para sacarlos adelante con ERC y Junts.

Hasta la fecha de las elecciones quedan tres plenos en el Congreso. En el primero, los socialistas no tiene cupo para presentar iniciativas, pero están acabando de redactar su ley abolicionista de la prostitución.

Los partidos en campaña asumen posiciones de máximos que dificultan los acuerdos. En Moncloa son conscientes, aunque confían en que mantengan los independentistas catalanes voluntad negociadora.

El proyecto de Presupuestos se remitió al Congreso a finales del pasado mes de febrero y el plazo para presentar enmiendas remata el próximo miércoles.

El mensaje que tratan de transmitir desde el Gobierno es que no se va a paralizar la actividad legislativa y que el cambio de escenario por el adelanto electoral en Catalunya solo afectará a la prórroga durante este año de las cuentas de 2023.

Desde el Gobierno sortean estas exigencias y limitan las modificaciones presupuestarias a “acuerdos ineludibles” con sus socios.