El complejo turístico del Hard Rock vuelve a condicionar por segundo año consecutivo la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Es un proyecto que lleva más de una década generando titulares, pero del que nunca se ha llegado a poner una piedra. Ha visto pasar a cuatro presidentes de la Generalitat y a tres promotores distintos, pero nadie ha visto una máquina en los terrenos de Vilaseca y Salou donde tendría que ubicarse.

¿Se puede frenar el proyecto sin más? De la respuesta a esta pregunta penden los presupuestos de la Generalitat y es el núcleo del conflicto entre los Comuns y el Govern. Para los primeros no hay duda: es una «decisión política» que Aragonès puede y debería asumir. Para los segundos, es un riesgo inasumible.

El problema del Govern, continúan las mismas fuentes, es que ya hay varios documentos firmados. Una ley aprobada por la cámara catalana en 2014 hecha a medida para el proyecto -y el casino que incluye-, al menos tres documentos sobre la compra venta de los terrenos y, finalmente, una licencia de juego expedida en 2018.

Además, la batalla judicial podría no haber terminado. La plataforma opositora al complejo, Aturem Hard Rock, avisa de que lo más probable es que vuelva a impugnarlo por motivos ambientales, entre otros. «Absolutamente, lo analizaremos, pero lo más seguro es que lo hagamos», explica a EL PERIÓDICO Eloi Redón, uno de los portavoces de la plataforma que, como los Comuns, sostiene que se puede paralizar porque los contratos originales no son válidos.

Para defender ante los Comuns que no puede paralizar el proyecto, Aragonès también esgrime que no existen «las mayorías» en el Parlament para hacerlo. Desde que se empezó a hablar del asunto hace ya más de diez años, ha tenido un respaldo más o menos sostenido de la cámara.

La última arista de este asunto es que no es fácil medir que aceptación o rechazo popular tiene. Por un lado, están los que lo critican con vehemencia por la cuestión ambiental, la de la ludopatía y por el modelo de negocio -turismo de masas-. Por el otro, está el entusiasmo de los que ensalzan los puestos de trabajo que se crearán.

En su día, cuando Puigdemont era el president propuso celebrar una consulta en las localidades afectadas, pero Junqueras le exigió que fuera en el conjunto de Catalunya. Una década después de que se aprobara la ley que abrió la puerta de par en par al proyecto, lo único claro es que el Govern no lo parará. Lo que sigue sin estarlo es si se llegará a hacer algún día.

El complejo turístico del Hard Rock vuelve a condicionar por segundo año consecutivo la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Es un proyecto que lleva más de una década generando titulares, pero del que nunca se ha llegado a poner una piedra. Ha visto pasar a cuatro presidentes de la Generalitat y a tres promotores distintos, pero nadie ha visto una máquina en los terrenos de Vilaseca y Salou donde tendría que ubicarse. Ahora, el Govern de Pere Aragonès seguirá adelante con él, pese a arriesgarse a que los Comuns le tumben los presupuestos. El motivo que se esgrime desde el Palau de la Generalitat es que, si lo frenan, se expondrían a pagar una reclamación cuantiosa. «Tendríamos que afrontar seguro las reclamaciones de un privado que ha ido adquiriendo un derecho», ha dicho el propio president. Estos son los cinco frentes abiertos en esta cuestión.

¿Se puede frenar el proyecto sin más? De la respuesta a esta pregunta penden los presupuestos de la Generalitat y es el núcleo del conflicto entre los Comuns y el Govern. Para los primeros no hay duda: es una «decisión política» que Aragonès puede y debería asumir. Para los segundos, es un riesgo inasumible. Según fuentes de la Generalitat, el problema es que se expondrían a una demanda por daños y perjuicios tanto por el «daño emergente» ocasionado como por el «lucro cesante». Es decir, los promotores, Hard Rock, podrían reclamarle una suma tanto por el perjuicio recibido como por el dinero que dejarían de ingresar si el proyecto no ve la luz.

El problema del Govern, continúan las mismas fuentes, es que ya hay varios documentos firmados. Una ley aprobada por la cámara catalana en 2014 hecha a medida para el proyecto -y el casino que incluye-, al menos tres documentos sobre la compra venta de los terrenos y, finalmente, una licencia de juego expedida en 2018. «Tomar una decisión unilateral no sería gratuito, tocaría pasar por caja», señala una voz autorizada de la Generalitat. Nadie se atreve a dar una estimación.

Además, la batalla judicial podría no haber terminado. La plataforma opositora al complejo, Aturem Hard Rock, avisa de que lo más probable es que vuelva a impugnarlo por motivos ambientales, entre otros. «Absolutamente, lo analizaremos, pero lo más seguro es que lo hagamos», explica uno de los portavoces de la plataforma que, como los Comuns, sostiene que se puede paralizar porque los contratos originales no son válidos.

En todo este embrollo, no hay que olvidar a los otros protagonistas al margen de la administración pública: los operadores privados que participan en la operación. CriteriaCaixa, el brazo inversor de CaixaBank y propietaria de los terrenos donde tiene que ir el complejo, y Hard Rock International, el potencial comprador de estos terrenos y máximo promotor. Desde la Generalitat, aseguran que siguen recibiendo muestras de «interés» por parte de Hard Rock. Una fuente conocedora de la operación indica que Hard Rock tiene 65 millones inmovilizados en una sociedad para seguir la operación.

Para defender ante los Comuns que no puede paralizar el proyecto, Aragonès también esgrime que no existen «las mayorías» en el Parlament para hacerlo. Desde que se empezó a hablar del asunto hace ya más de diez años, ha tenido un respaldo más o menos sostenido de la cámara. Ahora mismo tiene el apoyo garantizado del PSC, Junts, Vox, Cs y el PP. Además, Esquerra ha nadado entre dos aguas. A veces crítica con el proyecto, en el pasado también lo alimentó desde la Conselleria de Economía.

La última arista de este asunto es que no es fácil medir que aceptación o rechazo popular tiene. Por un lado, están los que lo critican con vehemencia por la cuestión ambiental, la de la ludopatía y por el modelo de negocio -turismo de masas-. El máximo exponente es la plataforma Aturem Hard Rock, pero también está la entidad ecologista Gepec y partidos como los Comuns y la CUP. Por el otro, está el entusiasmo de los que ensalzan los puestos de trabajo que se crearán y que transmiten los alcaldes de los dos ayuntamientos involucrados, además de las patronales y las cámaras de comercio.

En su día, cuando Puigdemont era el president propuso celebrar una consulta en las localidades afectadas, pero Junqueras le exigió que fuera en el conjunto de Catalunya. Como casi todo en este asunto, la cuestión acabó, primero en polémica, y luego en nada. Una década después de que se aprobara la ley que abrió la puerta de par en par al proyecto, lo único claro es que el Govern no lo parará. Lo que sigue sin estarlo es si se llegará a hacer algún día.