Escándalo inmobiliario: La millonaria propiedad de Alberto González en Madrid | Últimas noticias de la capital

**Alberto González Amador** se compró una casa en Madrid de 183 metros cuadrados en junio de 2022. González es pareja de **Isabel Díaz Ayuso**, presidenta de la Comunidad de Madrid, desde al menos mayo de 2021, cuando la revista **Lecturas** publicó unas fotografías robadas de ambos de vacaciones en Ibiza. La Fiscalía ha denunciado a González ―y a otras cuatro personas— por un presunto **fraude fiscal** de 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, y corresponden a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Un año después de este supuesto fraude, González adquirió un inmueble de 183 metros cuadrados en el distrito madrileño de Chamberí, según consta en el Registro de la Propiedad.

La noticia del **fraude fiscal** ha sido adelantada por [**eldiario.es**](https://www.eldiario.es/politica/pareja-ayuso-defraudo-350-951-euros-hacienda-trama-facturas-falsas-empresas-pantalla_1_11000023.html) este martes. El mismo medio también asegura que la presidenta Ayuso viviría con él en este inmueble. Consultado por esta información, un portavoz de la Comunidad de Madrid asegura a EL PAÍS que sobre la vida privada de la presidenta no hay “nada que decir”.

El inmueble comprado por González está ubicado en el distrito de **Chamberí**, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se sitúa este febrero en 6.271 euros, según el último informe de **Idealista**. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. La vivienda adquirida por González en junio de 2022 mide 183 metros cuadrados, según un documento público del Registro de la Propiedad. El piso de González tiene un valor de más de un millón de euros: 1.147.593 euros. Y según el catastro, el censo donde se pueden consultar todos las fincas urbanas del Estado, la vivienda tiene un valor de referencia catastral estimado en 809.222 euros.

La **Dirección General del Catastro** explica que este valor de referencia se calcula tras analizar “los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público” en una zona, “en función de los datos de cada inmueble”. En los casos de viviendas en suelo urbano, se tienen en cuenta, entre otros factores, la antigüedad y el estado de conservación. El organismo apostilla, además, que este “valor de referencia” se encuentra por debajo del valor de mercado.

El inmueble de **González**, de 183 metros cuadrados, cuenta con un vestíbulo, un distribuidor para el comedor, un despacho, una cocina, un aseo y un dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio.

Los precedentes y la denuncia de la Fiscalía

Las investigaciones se centran en la sociedad **Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente**, cuyo administrador único, según la denuncia, era González. En total, sus compañías habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros, según la investigación.

La relación sentimental entre **González Amador** y **Ayuso**, divorciada tras casarse en 2008, se conoció en mayo de ese año. Entonces, se trascendió que el empresario era técnico sanitario, que estaba divorciado, y que tenía tres hijos. De esta manera, los presuntos delitos se habrían cometido cuando ya la pareja estaba formada, pues se corresponderían con las declaraciones hechas en 2021 y 2022 sobre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

Las relaciones de **Ayuso** con el mundo sanitario son muy previas a su llegada a la primera línea de la política. Su padre, empresario del sector, ya estuvo en el centro de la polémica tras conseguir una empresa participada por él un aval de 400.000 euros de la entidad semipública **Avalmadrid** que nunca se devolvió al completo, y en cuyo otorgamiento vio trato “preferente” e “irregular” una comisión parlamentaria (la fiscalía no vio ningún tipo de delito).

Del mismo modo, el hermano de la presidenta, **Tomás Díaz Ayuso**, obtuvo una comisión de casi 300.000 euros por proporcionar a la empresa **Priviet** las mascarillas que necesitaba para cumplir con un contrato valorado en 1,5 millones de euros que había firmado con la Administración que preside su hermana, sin que la Fiscalía viese tampoco problema alguno. Finalmente, ahora estalla este caso que afecta a la pareja de la presidenta desde 2021.