Juli Fuster, exdirector general del Servicio de Salud de Baleares, admite que probablemente su subalterno, Manuel Palomino, le informó de la visita de la Guardia Civil a las dependencias de Reina Esclaramunda de Palma el 19 de julio de 2022, en relación a la compra de mascarillas del caso Koldo.

Según Fuster, en aquel momento la prioridad era la obtención de mascarillas para los profesionales de la salud, ya que los stocks estaban bajando rápidamente y los proveedores habituales no suministraban. Por otro lado, niega haber recibido presiones para proteger a alguien externo, justificando el retraso en la reclamación de las mascarillas al proveedor.

Juli Fuster, exdirector general del Servicio de Salud de Baleares cuando la Guardia Civil acudió a las dependencias de Reina Esclaramunda de Palma para recabar información sobre la compra de mascarillas del caso Koldo, el 19 de julio de 2022, admite a este diario que probablemente su subalterno por entonces, el director de gestión económica del IB-Salut, Manuel Palomino, le informó de esa diligencia, pero que no lo recuerda.

“Seguramente sí lo hizo (que Palomino le informara de la visita judicial), pero ten en cuenta que la Guardia Civil nos preguntaba cosas sobre el Servei de Salut muy a menudo, no nos llama especialmente la atención. Son investigaciones que ellos hacen y nos limitamos a facilitarles la información que nos reclaman. No, no tengo recuerdo de que me informaran (sobre esta diligencia en concreto)”, reitera el ex alto cargo.

“Han pasado años”, alega para justificar esa desmemoria subrayando a continuación que “en aquel momento nuestra obsesión era conseguir mascarillas, no era otra. Nuestros profesionales las necesitaban, nuestros stocks iban bajando a un ritmo vertiginoso y los proveedores habituales no nos suministraban”, recuerda el escenario primigenio de la pandemia, con sanitarios protegiéndose con bolsas de basura y gafas de bucear.

También niega motivación de ningún tipo que explicara el tiempo transcurrido desde la recepción de las mascarillas (mayo de 2020) y el inicio de los trámites para devolverlas a la empresa suministradora (marzo de 2023).

“No hubo motivación ni presión de ningún tipo por parte de nadie (para retrasar la reclamación a la empresa que había servido un material sanitario que no era el convenido y pagado). La única presión que teníamos nos la generábamos nosotros mismos y era la de conseguir mascarillas”, reitera.

Sobre la posibilidad de que hubieran recibido presiones para “proteger a alguien de fuera” que explicaran la tardanza en la reclamación, Fuster remarca que no. “Yo, en absoluto, ninguna. La única presión me la generaba yo mismo por la dificultad de conseguir mascarillas ante una enfermedad que no sabíamos cómo iba a evolucionar ni cuánto iba a durar”.