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La M-30 será gestionada por el Ayuntamiento de Madrid a partir de 2026
¿Quién? La gestión de la M-30 de Madrid será remunicipalizada por el Ayuntamiento.
¿Qué? El Ayuntamiento de Madrid comprará el 20% de la empresa EMESA para que la M-30 pase a ser 100% pública a partir del 1 de enero de 2026.
¿Cuándo? El proceso de remunicipalización comenzará el 1 de enero de 2026.
¿Dónde? En Madrid, España.
¿Cómo? El Ayuntamiento comprará el 20% de EMESA según lo estipulado en un contrato firmado en 2005.
¿Por qué? La remunicipalización se toma tras un estudio que muestra que el Ayuntamiento paga más de 50 millones de euros anuales a EMESA, lo que se considera un ahorro significativo a largo plazo.
Remunicipalización de la M-30 en Madrid
El 9 de mayo de 2007, La primavera de Antonio Vivaldi sonó en un túnel de Madrid, marcando la inauguración del último tramo que cerraba el soterramiento de una obra gigantesca: la M-30. Esta circunvalación de casi 33 kilómetros rodea en forma de diamante a miles de edificios y es la vía más transitada de España, con más de 300.000 vehículos circulando diariamente.
La finalización de esta obra significó el punto final de una gestión que endeudó al Ayuntamiento en más de 4.000 millones de euros. El alcalde en aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, mostró su alegría y orgullo por ver concluida una de sus grandes apuestas políticas. Su dedicación y exigencia en la supervisión de las obras fueron destacadas por su mano derecha, Manuel Cobo, quien mencionó que Gallardón revisaba personalmente cada detalle descubierto mientras recorría las obras en moto.
En un movimiento polémico, Gallardón privatizó un 20% de la gestión de la M-30 en 2005, apostando por la gestión privada de la autopista. Sin embargo, tras 19 años, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido remunicipalizar la M-30, convirtiéndola en una vía pública al 100% a partir del 1 de enero de 2026.
Según fuentes del área de Obras, esta decisión se basa en un estudio elaborado por el departamento de Hacienda del Ayuntamiento que revela que el municipio paga más de 50 millones de euros anuales a la sociedad privada que posee el 20% de la empresa pública que administra la M-30, conocida como EMESA. Esta empresa, formada por el Grupo ACS y Ferrovial, obtuvo el contrato público para conservar la autovía durante 35 años en 2005.
La remunicipalización implica que el Ayuntamiento de Madrid adquirirá ese 20% de EMESA, siguiendo una cláusula del contrato firmado en 2005 que preveía esta posibilidad en 2024. Aunque el importe de la compra aún no se ha revelado, se estima que no superará el valor neto de las acciones de EMESA al cierre del año en curso.
La gestión de la M-30 bajo la empresa privada ha representado un gasto significativo para el Ayuntamiento, que ha pagado más de 160 millones de euros anuales por su mantenimiento. Sumado a los 50 millones de euros que se destinan a EMESA, el ahorro potencial con la remunicipalización podría alcanzar los 950 millones de euros en 19 años.
La decisión de remunicipalizar la M-30 fue respaldada por todos los grupos políticos en un Pleno municipal hace dos años, a petición del PSOE. Este cambio de modelo responde a las irregularidades identificadas por la Cámara de Cuentas en un informe publicado en enero de 2017. El informe señaló la falta de estudios técnicos, jurídicos y de viabilidad económica en la gestión de las obras, así como diferencias significativas entre los costes reales y los facturados al Consistorio.
Además, se descubrió que el Ayuntamiento financiaba el suministro eléctrico, tarea a cargo de la adjudicataria según el contrato. En noviembre de 2016, se constató que EMESA incumplía varios requisitos del contrato, como el mantenimiento de los túneles y la disponibilidad de operarios para incidentes y emergencias.
En resumen, la remunicipalización de la M-30 en Madrid representa un cambio significativo en la gestión de esta vía clave para la ciudad. El ahorro económico y la mejora en la eficiencia de los servicios son los principales argumentos a favor de este movimiento. La decisión de Martínez-Almeida de revertir la privatización de Gallardón marca un nuevo capítulo en la historia de infraestructura de la capital española.
«La remunicipalización de la M-30 es un paso necesario para garantizar una mejor gestión de este importante activo público y para garantizar el bienestar de los ciudadanos de Madrid» – Comentario de un ciudadano anónimo.
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La primavera de Antonio Vivaldi sonó en un túnel de Madrid el 9 de mayo de 2007. Era la inauguración del último túnel que cerraba el soterramiento de una obra gigantesca para la capital de España: la M-30. Una circunvalación de casi 33 kilómetros que rodea en forma de diamante a miles de edificios y por donde ahora circulan a diario más de 300.000 vehículos. Es la vía más transitada de España, según datos municipales. Aquella mañana de mayo de 2007 suponía, también, el punto final de una obra que endeudó al Ayuntamiento en más de 4.000 millones de euros.
Hasta el alcalde de entonces, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, lloró ―de alegría, eso sí― porque veía en sus ojos el fin de una de sus grandes apuestas políticas. “Gallardón iba en moto a visitar las obras y luego nos recordaba a cada concejal correspondiente los fallos, las imperfecciones, lo que había descubierto mientras iba él solo por ahí”, aseguró el primer teniente del alcalde y mano derecha, Manuel Cobo, en un reportaje publicado en septiembre de 2007 por este diario. “Es de ese tipo de personas a las que no les da igual una cosa que otra en nada”. Gallardón apostó el futuro y la gestión de la M-30 a la privatización, y un 20% cayó a manos privadas en 2005. Ahora, cuando se cumplen 19 años de esta decisión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, enmienda esta idea y remunicipalizará la M-30, que pasará a ser 100% pública a partir del 1 de enero de 2026.
La nueva gestión, según fuentes del área de Obras, se toma tras un estudio elaborado por el departamento de Hacienda del Ayuntamiento. Este informe sostiene que las arcas públicas municipales pagan más de 50 millones de euros anuales a la sociedad que posee ese 20% de la empresa pública: EMESA. EMESA obtuvo en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35 años. EMESA está formada por el Grupo ACS y Ferrovial y cuenta con cerca de 300 trabajadores, que, tras la remunicipalización en 2026, serán subrogados y mantendrán todas sus condiciones laborales.
El Ayuntamiento de Madrid comprará ahora ese 20% a EMESA amparándose en una cláusula del contrato firmado en 2005, pero que preveía una revisión del mismo para 2024 con esta posibilidad. Sin embargo, todavía se desconoce cuál será importe. Una portavoz del área de Obras explica que no será superior al valor neto de las acciones de EMESA al cierre de este año. La única cifra que se sabe hasta ahora es lo que cuesta el mantenimiento anual de la M-30 para los madrileños, que asciende a más de 160 millones de euros. Es decir, alrededor de 450.000 euros al día. Y a esto hay que sumar lo que el Consistorio paga a EMESA que, según cálculos del área de Obras, suponen alrededor otros 50 millones de euros al año. Esto es lo que, realmente, se ahorrará el Ayuntamiento de Madrid con la remunicipalización. O dicho de otra manera: el Ayuntamiento de Madrid se podría haber ahorrado 950 millones de euros en 19 años si no hubiese privatizado ese 20%.
“La conveniencia de abordar ahora este cambio de modelo”, cuentan fuentes del área de Obras del Ayuntamiento, “se ha ido poniendo de manifiesto con el devenir de la ejecución del contrato”. La realidad es que este paso ya se dio hace dos años en un Pleno municipal y a petición del PSOE, que instaba al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a iniciar “con la mayor celeridad” los procedimientos administrativos necesarios para establecer la gestión directa del servicio público de conservación y explotación de la M-30. Todos los grupos políticos votaron a favor.
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Manuel Casamayón
La Cámara de Cuentas cuestionó el modelo
La Cámara de Cuentas cuestionó este modelo de Gallardón en un informe sobre la gestión de las obras de la M-30. En un duro análisis, publicado en enero de 2017, el organismo identificó falta de estudios técnicos, jurídicos y de viabilidad económica, un cobro excesivo de intereses de la gestora privada, así como “diferencias importantes” entre los costes reales y los facturados al Consistorio. Además, el informe decía que el Consistorio financiaba el coste del suministro eléctrico cuando, por contrato, debería hacerlo la adjudicataria. Es más, en noviembre de 2016, el propio Ayuntamiento, gobernado entonces por Manuela Carmena (Ahora Madrid), comprobó cómo la sociedad EMESA no cumplía con varios de los requisitos del contrato firmado como son, entre otros, el mantenimiento en los túneles, el número de operarios dedicados a incidentes y emergencias o deficiencias en el sistema antiincendios.
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