Viuda exige justicia para militares fallecidos en Cerro Muriano | Petición de suspensión de mandos

La viuda de uno de los dos militares ahogados el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano (Córdoba), mientras realizaban un ejercicio de cruce de curso de agua, se ha dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedir que se suspenda de funciones a los tres mandos imputados por la muerte de su marido, el cabo Miguel Ángel Jiménez Abdújar, de 34 años, y del soldado Carlos León, de 24.

El letrado de la viuda, Antonio Granados Caballero, subraya que el artículo 111 de la Ley de la Carrera Militar dispone que la ministra de Defensa “podrá acordar el pase a la situación de suspenso de funciones”, por un máximo de seis meses, “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave”.

El escrito recuerda que el capitán, el teniente y el sargento han sido imputados por el juzgado togado militar número 21 de Sevilla por un presunto delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte que el artículo 77.1. del Código Penal Militar castiga con hasta cinco años y tres meses de cárcel y que sería el equivalente al homicidio imprudente del Código Penal ordinario. Los tres han sido citados a declarar por el juez en su condición de investigados.

El Ejército de Tierra apartó al capitán del mando de la compañía inmediatamente después del suceso, pero siguen en su puesto el teniente y el sargento. Además, el hecho de que no haya sido suspendido en sus funciones implica que el capitán acude cada día al cuartel y mantiene una relación jerárquica con soldados que tendrán que declarar en el procedimiento como testigos, por lo que existe el riesgo de que puede coaccionarlos, según el letrado. Las acusaciones solicitaron al juez militar que dictase prisión preventiva contra los tres mandos imputados, pero este desestimó la petición.

La solicitud de suspensión de funciones ha surgido después de que la asociación Ciudadanos de Uniforme denunciara que el capitán participó el pasado día 5 en la formación del Regimiento La Reina, al que pertenecían los fallecidos. El letrado pide que se investigue la participación del capitán y de los otros dos imputados en la citada formación y en las demás actividades de la unidad.

Por otra parte, las acusaciones han pedido al juez militar la apertura de un misterioso “sobre cerrado” incorporado al sumario, que supuestamente contendría escrito redactado por el capitán inmediatamente después del accidente. El sobre se depositó en el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, que inicialmente se hizo cargo de la investigación. Pero pasó luego sin que nadie lo abriera a la jurisdicción castrense, que se lo ha quedado en su poder una vez que la Audiencia Provincial ha determinado que sea esta la que instruya el sumario. Como jefe de la compañía, el capitán tenía la obligación de elevar un parte al coronel al mando del regimiento en el que le diera cuenta de lo sucedido.

En el auto en el que imputó a los tres mandos, el juez militar ya subrayó que las medidas supuestamente adoptadas para garantizar la seguridad de los soldados, que se introdujeron con su equipo de combate en unas aguas extremadamente frías y en un embalse donde no se daba pie, no funcionaron: la cuerda que se tendió entre la dos orillas no reunía los requisitos para servir como “vía de vida” a la que los militares pudieran agarrarse en caso de peligro, mientras que las mochilas no estaban estanqueizadas y tenían “exceso de peso” —el soldado fue obligado a cargar con una mina inerte de 3,5 kilos—, por lo que no flotaban. Como consecuencia de ello, pudo existir una “relación de causalidad entre la posible falta de idoneidad de estas medidas de seguridad empleadas” y la muerte de los dos militares.